El
Gobierno Provisional de la Segunda República, desde el primer
momento, sin perder mucho tiempo, realizó una importante tarea
legislativa encaminada a mejorar la eficiencia productiva y a
incentivar la redistribución de la riqueza agraria, para lo cual era
necesario un cambio drástico en las relaciones laborales en el campo
con la implantación de la negociación colectiva y regulación del
mercado de trabajo, mediante la contratación colectiva y el control
de los sindicatos y de las autoridades políticas locales y
provinciales, encargadas de asegurar las conquistas sociales y
laborales.
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| Gobierno Provisional de la República |
Las
principales medidas tomadas en 1931 fueron: un salario
mínimo de 5,5 ptas. por jornada; el Decreto de Términos
Municipales (28 de abril), que dio preferencia en la
contratación de los obreros del propio municipio antes que de
otros, permitiendo el control sindical de la contratación; el
Decreto de Laboreo Forzoso (7 de mayo), que obligaba a los
cultivadores a realizar cuantas labores fuesen necesarias para el
buen cultivo, es decir, para intensificar los recursos agrarios e
impedir que los grandes propietarios boicotearan la República no
cultivando las tierras; el Decreto sobre Jurados Mixtos del
Trabajo Rural y otros (7 de mayo), cuya función principal fue la
de canalizar la negociación y contratación colectivas y crear los
medios institucionales para contratar colectivamente y resolver
democráticamente las denuncias y conflictos entre obreros y patronos
de cada localidad o provincia; la Ley de Arrendamientos Colectivos
(19 de mayo) para propiciar el acceso a la tierra como paso previo a
la Reforma Agraria, y la Ley de Colocación Obrera (27
de noviembre) para terminar con el “mercado de plaza” y dar poder
a las organizaciones obreras en este aspecto fundamental de las
relaciones laborales. Asimismo se decretaron las ocho horas de
jornada máxima en el campo (Decreto de 1 de julio) y la extensión
de la ley de accidentes laborales a los trabajadores agrícolas.
Además, entre en 29 de abril y el 11 de julio, aprobaron otra serie
de medidas: prohibición del
desahucio de los pequeños agricultores arrendatarios, la
creación de una Caja Nacional
contra el paro forzoso, la concesión de créditos a los
pequeños campesinos y arrendatarios y la revisión de rentas
abusivas, tomando como base la renta catastral. Por último, el
Gobierno creó, en agosto de 1931, el recargo del 10% (la “décima
contributiva”) sobre la contribución a pagar por los
propietarios de tierras con el fin de formar un fondo de lucha contra
el desempleo agrícola en cada localidad, que siempre fue
insuficiente para atender el alto número de parados de cada una.
Esta tarea legislativa tuvo su culminación en la Ley de Bases
para la Reforma Agraria, aprobada el 9 de septiembre de 1932.
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| El duro trabajo del campo |
Muy
pronto, entre mayo y junio, se firmaron Bases de Trabajo
locales (convenios colectivos) para el campo en los pueblos, y en
junio, las Bases de Trabajo Rural de 1931 para la provincia de
Sevilla, en cuya negociación participó el cantillanero Santiago
Marroco Carrero (FTT-UGT), que afectó a las faenas de verano,
trabajos de máquinas y cuidadores de ganado, la recogida de la
aceituna, molinos de aceite, siembra y otros trabajos. El abanico de
jornales iba de las 8 o 9 ptas. para la siega o la recogida de
aceitunas a las 4 o 5 de jornal mínimo para temporero o eventuales,
y las jornadas pactadas entre 6 y 8 horas según faenas.
En
las localidades con mayor presencia de las organizaciones socialistas
y con mayoría en sus Ayuntamientos, los Jurados Mixtos menores
(Juntas Locales de Conflictos entre Patronos y Obreros),
dependientes de los Jurados Mixtos de ámbito mayor (Sevilla o
Écija), se constituyeron y funcionaron democráticamente para pactar
bases de trabajo o para controlar el cumplimiento de las bases
provinciales y resolver los conflictos y denuncias de los obreros o
patronos. Otras comisiones municipales, en las que participaron
también obreros y patronos de forma paritaria, fueron la Comisión
de Policía Rural, encargada de la inspección del plan de
laboreo forzoso, o la Comisión de Colocación Obrera, para el
control y canalización de las ofertas de trabajo en el campo. Tanto
los Jurados Mixtos como las Comisiones locales estuvieron
constituidas por representantes de las organizaciones patronales y de
las organizaciones obreras, en igualdad de condiciones, algo que a
los agricultores, especialmente los grandes terratenientes, no les
gustaba mucho...
Para más información DE LA CLANDESTINIDAD A LA LIBERTAD CONQUISTADA, pp. 56-64.
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