lunes, 17 de julio de 2023

MEMORIA DEMOCRÁTICA PARA IMPEDIR EL OLVIDO, HACER JUSTICIA Y FORTALECER LA DEMOCRACIA

 

UN ARTÍCULO de Ramón Barragán Reina

La Memoria Democrática ha sufrido duros ataques por parte de la extrema derecha, consentidos (y queridos) por la derecha española, que nunca ha condenado explícitamente la dictadura franquista y la represión política sufrida por el pueblo español, aunque digan que una vez lo hicieron.... Ahora, al hijo de la constitución de ayuntamientos y comunidades autónomas, proponen derogar las leyes de memoria de las autonomías donde han firmado acuerdos el PP y VOX, como preludio de la derogación de la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Parlamento español en octubre de 2022, cuando tengan poder para hacerlo, si llega el caso, y sustituirla por otra de concordia y reconciliación. ¿Conocen el contenido real de esas leyes y el de la Ley de 2022 o ni siquiera la han leído, cono tenían obligación por ser diputados o senadores? No, porque no quieren “contaminarse” de algo que les puede cambiar sus certezas “históricas”, engendradas por el franquismo, creador de mitos y falsedades, que han arraigado en sus mentes, pues, sin crítica alguna, aceptan su relato falso y manipulado de los todos hechos ocurridos a partir del frustrado golpe de Estado de julio de 1936. En cambio, es la medida estrella en esta materia en los pactos entre PP y Vox y la que ambos incluyen en su programa para las generales.

Uno de los objetivos de la ley aprobada, expresado en su preámbulo, es “conocer la trayectoria de nuestra democracia, desde sus orígenes a la actualidad, sus vicisitudes, los sacrificios de los hombres y las mujeres de España en la lucha por las libertades y la democracia es un deber ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en las virtudes cívicas y los valores constitucionales. En ese marco, la sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad”. Y a renglón seguido nos dice que “la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado. La consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado. El olvido no es opción para una democracia.” En su desarrollo y cumplimiento está la respuesta a una verdadera concordia y reconciliación, que nunca puede ser armonía, claudicación y silencio de la verdad.

Actualmente sigue siendo necesario seguir investigando para conocer, es decir, sacar a la luz todos los acontecimientos ocurridos a partir del 18 de julio de 1936 en todos y cada uno de los pueblos andaluces y españoles para compartir un único relato, al que se niegan las derechas, porque quieren imponer el suyo. Se puede decir que han pasado muchos años, pero todavía permanecen escondidos muchos aspectos y realidades de entonces, a la medida que se implantaba el terror fascista. Todos ellos han vivido en la memoria individual y colectiva del pueblo, de cada pueblo, transmitidos con miedo, la mayoría de las veces, a los miembros de la familia, de generación en generación, con la consigna de seguir guardándolos en silencio, como si fuesen algo exclusivamente familiar, que poco importaba a los demás, y para evitar comentarios que pudieran ser hirientes o irrespetuosos o que pudiesen causar nuevos males a otros miembros de la familia. Mientras otros, anclados aún en el pasado, quieren correr definitivamente un oscuro y grueso velo que impida conocerlos, pues para qué mover nada. Ellos no han sufrido la represión, ni la han vivido en sus familias. Pero es hora de desvelarlos en su totalidad, de sacarlos a luz publica, con respeto a la dignidad de las personas, pues la verdad no puede quedar oculta más tiempo para nadie, por mucho que se empeñen determinadas fuerzas políticas, que añoran la dictadura y al dictador, pues tienen una lectura equivocada (intencionadamente) del pasado. Urge culminar el trabajo realizado, más aún ahora, cuando los ecos de la memoria empiezan a desvanecerse en las tinieblas del olvido, por lo que es más necesario que nunca mantener vivo el recuerdo de las víctimas del terrorismo franquista, porque olvidar es matar la memoria, impedir el recuerdo, que es tanto como causar la muerte definitiva de los seres que hemos querido o nos han querido y han luchado por la libertad, como pretenden los que quieren derogar la actual ley del Estado y las leyes de las CC.AA. Sin embargo, recordar es darles vida, manteniendo viva su memoria, y proclamar que no se han ido, que permanecen en nuestra actividad cotidiana, que están a nuestro lado, dando sentido a lo que sentimos y pensamos y a lo que hacemos en la lucha inacabada por la justicia y la libertad, por los valores democráticos por los que fueron asesinados, encarcelados, tuvieron que exiliarse o darse por desaparecidos. El silencio se pueden imponer (y de hecho lo impusieron violentamente Franco y sus secuaces durante mucho tiempo), pero los recuerdos no pueden prohibirse, nadie puede matar nuestros recuerdos: los matamos cuando decidimos olvidarlos y cuando otros luchan para que todos olviden. El olvido, lo repito, es la muerte definitiva de las personas. Y para que no ocurra estamos obligados a romper el miedo, a pesar del terror implantado a sangre y fuego entonces, y a rescatar la memoria y dar luz a las personas y los acontecimientos que vivieron, pasando el testigo a las nuevas generaciones para que ese recuerdo permanezca entre nosotros para siempre, tal como han hecho (y siguen haciendo) una auténtica pléyade de escritores, investigadores e historiadores, españoles y extranjeros en todos los ámbitos posibles.

Es más, recuperar la memoria de los seres humanos que murieron asesinados (ejecutados extrajudicialmente) o de otras formas, de los que sufrieron años de cárcel o se tuvieron que irse de España y de los que siguieron viviendo con múltiples carencias y padecimientos, es reconocer su valía personal y colectiva, su sacrificio, inhumano e injusto, por ser seres inocentes que ansiaban poder vivir en libertad y con derechos, mil veces negados con anterioridad; es dejarnos enseñar por ellos, asumiendo sus valores de entrega y generosidad en un tiempo difícil, con todas sus contradicciones visibles e invisibles, y asumir sus esperanzas, como parte de nuestra Memoria Democrática, que nos guía en la lucha permanente por la libertad. La vida de una sociedad, guste o no, se asienta en el pasado, permitiendo su conocimiento para construir el futuro, de ahí su necesidad para fortalecer nuestra democracia.

Rescatar del olvido a todas las víctimas y de las fosas donde se encuentras sus cuerpos, en el caso de los que fueron asesinados, es un acto de justicia merecida, aunque haya pasado el tiempo. El tiempo no cuenta en la vida de los seres humanos. Toda la humanidad está presente en cada acto, en cada avance y, sin duda, en cada retroceso. Todos hemos contribuido a hacer realidad el momento presente, con sus luces y sus sombras, aunque algunos estén aparentemente muy lejos en el tiempo y en el espacio. Por ello, hacer justicia es lo que nos queda, pues se la merecen. Justicia en el sentido más sencillo del término: dar a cada uno lo que es suyo, lo que le pertenece, y que nadie le puede quitar o no se debería quitar, puesto que pertenece a su propia dignidad como ser humano, y que es lo que niegan los que se oponen, PP y VOX, a la Ley de Memoria Democrática, alegando que lo que se pretende es “impidir recuperar la concordia y el acuerdo”, “dividir en dos bandos a los españoles” “abrir viejas heridas que ya estaban cerradas”, “reabrir el enfrentamiento entre españoles”, “manipular la Historia de España y cuestionar la Transición y el actual sistema democrático”, y que la ley es “totalitaria e impropia de cualquier democracia”, “propicia la ruptura del pacto constitucional” y “trata de moldear la historia para imponer una memoria parcial y sesgada”, llegando a plantear que la “Memoria Histórica (española) es amenaza para la paz en Europa”. No saben (o no quieren saberlo, ni les importa) que las heridas del pasado se curan con más verdad, con la verdad en su totalidad1, que incluye la exhumación de todas las víctimas asesinadas, sin moldear, ni imponer nada, y con justicia y reconocimiento. Tampoco saben, pues no lo han experimentado, que recordar no es odiar, ni mantener el rencor indefinidamente, ni buscar el enfrentamiento, ni dividir, ni amenazar a nadie y menos a Europa, ni cuestionar la democracia, sino todo lo contrario. Nadie quiere el mal que a él o a los suyos causó el drama provocado por la represión desde el mismo día de la sublevación militar contra la Segunda República, su legislación y las personas que la hicieron posibles, pues nadie quiere que se repitan. Todos los que hemos investigado y escrito sobre la represión sufrida por miles de personas desde 1936, lo hemos visto y sentido una y otra vez, llenándonos de emoción. Quieren, eso sí, que se haga justicia, que se reconozca el valor del sufrimiento padecido, que se dé a cada uno lo que es suyo, porque fueron españoles que dieron su vida por la libertad, la justicia y la igualdad, pues como dice Miguel de Cervantes en El Quijote, “por la libertad se puede y se debe aventurar la vida. No es un delito luchar por la libertad, es una obligación de todo ser humano; tampoco es delito luchar por un mundo más justo, sin explotadores ni opresores. Eso fue lo que hicieron, pero sufrieron una despiadada represión militar, realizada con extrema violencia, que supuso una limpieza política, que en su mayoría sufrió la clase trabajadora, una eliminación, extinción o aniquilación de los desafectos del “nuevo régimen”, es decir, de los que consideraban enemigos de España, tal como aparece en los llamamientos o bandos de guerra de los golpistas, para implantar un terror que duraría décadas. Franco lo expresó con toda claridad: “En una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje al país infestado de adversarios."2 No nos puede extrañar que políticos y sindicalistas fuesen los primeros en ser pasados por armas. Además, hubo un afán de ocultamiento de la matanza, piramidalmente organizada, que en Andalucía tuvo a Queipo de Llano en su vértice y los comandantes militares (comandantes de puesto de la Guardia Civil) de cada municipio en la base, ejerciendo el control de la misma en todo momento, dando su visto bueno a las listas elaboradas las élites de cada pueblo. Lo que ocurrió, tras la ocupación militar de pueblos y ciudades, fue una represión política, premeditada, planificada, organizada piramidalmente y vilmente ejecutada, que respondía a un patrón, a una ceremonia macabra, repetida una y mil veces, causando un número infinitamente superior a las víctimas causadas por la violencia izquierdista, que nunca fue querida por las autoridades locales y provinciales. Terminada la guerra, continuó dicha represión, con miles de presos políticos, alargándose durante toda la Dictadura de Franco.

En conclusión: por todas las víctimas, hombres y mujeres, todos los familiares y demócratas debemos gritar frente a los negacionistas de la Memoria Democrática: NI UN PASO ATRÁS. Lema que nos permite, a su vez, seguir exigiendo el cumplimiento integro de la actual ley que ni divide, ni abre heridas, ni nada de lo que dicen, como queda dicho, sino todo lo contrario: las heridas se cerrarán cuando la última fosa común (de las más de 2.600 existentes en España. 789 en Andalucía) sea abierta y todos los restos humanos de las víctimas del terrorismo franquista sean exhumadas y dignificada la memoria de todas ellas sin excepción: los asesinados y asesinadas por aplicación de los bandos de guerra a partir del 18 de julio de 1936, los ejecutados por sentencias ilegales, los desaparecidos o en  paradero desconocido, los muertos durante la guerra por defender la libertad, los exiliados y exiliadas, los muertos en las prisiones de Franco y los asesinatos en los campos de exterminio nazis. Y por supuesto, sin olvidar a los presos y presas políticos de la posguerra, que sufrieron ilegales Consejos de Guerra, autenticas farsas judiciales, que los marcó de por vida. No ha habido en la Historia de España peor terrorismo que el terrorismo de Franco y sus secuaces. Los que condenamos el terrorismo de ETA, también exigimos que todos los partidos políticos sin excepción condenen el terrorismo franquista. Eso hará más fuerte a nuestra democracia.

19 de julio de 2023




1 Según la RAE, la palabra totalitaria significa “que incluye a todas las partes de una cosa.” La verdad no puede dejar aspectos sin recoger, por lo que no puede ser parcial o segada… Y nada tiene que ver con su otro significado de régimen totalitario o dictatorial.

2 Frase de Francisco Franco, recogida en: HERNÁNDEZ DE MIGUEL, Carlos. Los campos de concentración de Franco. Penguin Random House, 2019. p. 109.

LAS DERECHAS ESPAÑOLAS, SI GANAN LASELECCIONES DEL 23 DE JULIO, QUIEREN DEROGAR LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE 2022

 

Publicado por elDiario.es

16 de julio de 2023

Concordia” y “reconciliación nacional” en lugar de memoria democrática: PP y Vox apuntalan su negacionismo histórico

La derogación de las leyes de memoria democrática y su sustitución por “leyes de concordia” es la medida estrella en esta materia de los pactos entre PP y Vox y la que ambos incluyen en su programa para las generales: “Están promoviendo el desconocimiento histórico”, afirma el historiador Antonio Cazorla

Marta Borraz

16 de julio de 2023 22:14h Actualizado el 17/07/2023 05:30h

Derogar la Ley de Memoria Democrática porque “divide” a la sociedad y sacar adelante una nueva norma que “sirva a la reconciliación y a la concordia real”. Es el literal incluido en el acuerdo entre el Partido Popular y Vox para gobernar Extremadura pero podría ser cualquiera de los pactos que han suscrito ambas formaciones. Acabar con las leyes que intentan reparar las vulneraciones de derechos humanos de la Guerra Civil y el franquismo en favor de la “concordia” y la “reconciliación” es la fórmula estrella también replicada en Baleares o la Comunitat Valenciana y en su día lo fue en Andalucía y en Castilla y León.

Aunque el compromiso que firmaron el PP andaluz y Vox en 2019 no llegó a salir adelante, Juan Manuel Moreno Bonilla mantuvo el impulso de esta ley “de concordia” en el programa para las siguientes elecciones, que ganó por mayoría absoluta. Alfonso Fernández Mañueco se plegó también a esta exigencia de Vox en Castilla y León a cambio de hacerle presidente y aunque el PP ha asegurado que la ley que preparan mantendrá las ayudas para exhumaciones, también ha adelantado cómo desvirtuará la memoria histórica: dice que la norma buscará “sentirnos orgullosos de nuestra historia” por entre otras cosas haber sido Castilla y León “cuna de la primera universidad” de España o el primer parlamento del mundo.

En todos los casos la retórica apunta a una misma dirección: las leyes de memoria “dividen en bandos” a la sociedad, promueven la confrontación e imponen una “visión sesgada” de la historia. Ideas que no se limitan al ámbito autonómico y que PP y Vox extienden a sus programas para las elecciones del próximo 23J.

Derogar, lo primero

El plan con el que Alberto Núñez-Feijóo se presenta a los comicios incluye la derogación de la ley de memoria, que por primera vez asume las exhumaciones como responsabilidad de Estado, declara ilegal la dictadura o revoca los títulos nobiliarios otorgados por el franquismo. Y justifica la decisión en que la ley “impide recuperar la concordia y el acuerdo”, por lo que propone sustituirla por otra “consensuada que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición”.

A pesar de que las políticas que impulsa la legislación contienen exigencias que desde hace años Naciones Unidas dirige a España, tanto el PP como Vox han recurrido la ley al Tribunal Constitucional y se lanzaron en tromba contra ella en las Cortes utilizando argumentos para oponerse muy similares, entre ellos que no incluya los asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA. Es la línea que siguió en su momento Pablo Casado, que llegó a equiparar el franquismo y la Segunda República, así como a avalar la negación del golpe de Estado de 1936. Mariano Rajoy, por su parte, derogó de facto la primera Ley de Memoria Histórica, de 2007, al destinarle cero euros.

La batalla es tal que el PP ha llegado a cancelar una obra de teatro de un maestro republicano fusilado en un ayuntamiento en el que gobierna con Vox. El alcalde justificó su decisión en cuestiones de presupuesto y seguridad, ante lo que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) le ha ofrecido fondos.

En Vox comparten objetivos con los populares y también proponen sustituir la ley actual por una de “concordia” que “fomente la reconciliación”. Se posicionan en contra de todo lo que suene a memoria histórica, contra la retirada de honores a franquistas o con llevar estos contenidos a las aulas, pero la extrema derecha va más allá y sus líderes han llegado a enarbolar sin tapujos el revisionismo histórico: Javier Ortega Smith llegó a afirmar que en el franquismo “había elecciones”; Santiago Abascal que el de Sánchez es “el peor gobierno en 80 años” (dictadura incluida) mientras el diputado Francisco José Contreras sostuvo en el Congreso que durante la dictadura “hubo una verdadera reconciliación con gestos de concordia”.

De la guerra a la Transición sin pasar por la dictadura

Pero ¿qué hay detrás de la propuesta estrella de las derechas, la de la reconciliación y la concordia? “Cuando se habla de concordia y reconciliación lo que se está promoviendo es el desconocimiento histórico. Son palabras que hace mucho tiempo dejaron de tener sentido, más bien es una excusa para no enfrentarse a problemas reales que aún quedan, como la apertura de fosas, las reparaciones a víctimas que aún hay que hacer o la formación de ciudadanos que sepan de dónde venimos como país”, sostiene Antonio Cazorla, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Trent (Canadá), que define la ley de memoria democrática como una ley de “normalización democrática”.

“Lo que están queriendo decir es que lo que siembran las políticas de memoria es discordia y división, es decir, niegan que aún existan víctimas de la represión sin reparar. Todo ese lenguaje suena muy bien y es fácilmente asumible por la sociedad, pero suele estar vacío. Hay un discurso oficial que mantiene que los españoles se reconciliaron en la Transición, pero nadie preguntó a mi abuela, que murió en 1997, 22 años después del dictador, si quería morirse sin saber dónde estaba el cuerpo de su marido, nadie le pidió perdón ni la reparó”, sostiene el presidente de la ARMH Emilio Silva, que en el año 2000 impulsó la primera exhumación científica de una fosa, en Priaranza del Bierzo (León), donde estaba enterrado su abuelo asesinado en 1936.

Para el profesor de Historia Contemporánea de la UCM Gutmaro Gómez Bravo lo que late de fondo es “una batalla por el relato” sobre lo que significó la Transición. Y es que para las derechas no existió en el proceso ninguna falla, ninguna vulneración de derechos humanos sin resolver ni reparar ni tampoco cuestiones pendientes para las víctimas de la dictadura. Eso a pesar de que miles de fosas siguieron sin abrir, se mantuvieron los honores a militares golpistas y los símbolos de exaltación franquista, se impuso el silencio y los crímenes no fueron juzgados, una anomalía que aún se mantiene hoy.

El mensaje es el habitual que manda la derecha a través de su discurso y no es nuevo: hablan de la Guerra Civil como una “pelea de nuestros abuelos y bisabuelos”, según llegó a decir Feijóo, y directamente saltan a la pantalla de la Transición obviando la sublevación contra la II República y la represión sistemática de la dictadura, que tenía porobjetivo una limpieza ideológica y moral mantenida durante cuatro décadas. Gómez Bravo cree que este argumentario implica “volver al relato convencional de la guerra fraticida que hay que superar” en favor de la investigación histórica “que ha reconstruido” lo que “la memoria oficial del franquismo excluía: el golpe de Estado, la represión, el exilio, la cárcel, la depuración o los campos de trabajo forzado...”.

“Da la impresión de que lo que la derecha quiere es equiparar a los dos bandos de la Guerra Civil, pero en uno estaban los demócratas, aunque no todos los de ese bando lo fueran, y en el otro los que querían destruir la democracia y se rebelaron contra un gobierno legal”, sostiene Cazorla. “Otra cosa es el sufrimiento moral y ahí sí debemos incluirlos a todos desde un punto de vista humano, pero desde un punto de vista político es otra cosa”, mantiene el historiador, que cree que el PP “no ha asumido que el franquismo fue fascismo porque entre otras cosas supondría cuestionar sus propias raíces”.

Recientemente el candidato de los populares ha asegurado que la ley de memoria es “ideológica” porque “reabre los rencores de la contienda”, un mantra, el de equiparar la memoria histórica a la reapertura de heridas, muy habitual entre los negacionistas de la misma. Silva recuerda que es la acusación común que los familiares de víctimas que piden buscar a sus desaparecidos han recibido durante mucho tiempo, sin embargo, “hay evidencias de que es exactamente lo contrario” y que precisamente “lo que provoca una desaparición forzada es un duelo permanente, una herida que no cicatriza”.

¿Y si se deroga la ley?

Más allá del relato, los expertos coinciden en lamentar lo “poco riguroso” que es el debate porque “no sabemos qué es exactamente” lo que PP y Vox rechazan de la Ley de Memoria Democrática, que si es derogada dejará en el aire una batería de medidas, entre ellas la asunción de las exhumaciones como responsabilidad de Estado, la creación de una oficina de apoyo a las víctimas y el banco de ADN para almacenar las muestras biológicas de los familiares o el despliegue de los llamados “lugares de memoria democrática”.


CONTINUARÁ CON LAS MEDIDAS QUE CONTIENE LA LEY QUE QUIEREN DEROGAR

PERO QUE NO CONSEGUIRÁ SI TODOS VOTAMOS Y HACEMOS QUE OTROS VOTEN