BURGUILLOS RECUERDA A LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESION FRANQUISTA EN ENERO DE 2016

    El pasado día 21 de enero de 2016, se celebró en Burguillos, en el Salón de Plenos de su Ayuntamiento, un Acto Público por la Recuperación de la Memoria organizado por la Asociación Comarcal Pro Memoria Democrática Vega Media del Guadalquivir, con la colaboración del Exmo. Ayuntamiento de Burguillos.

    En este acto, que contó con una importante presencia de vecinos y vecinas de Burguillos, así como de otras localidades de la comarca (Alcalá del Río, Villaverde del Río, Brenes y Cantillana), se recordó con sentida emoción y reivindicación de su memoria a las víctimas de la represión franquista en la localidad.

    Presentado por Paqui Bejarano, vicepresidenta de la Asociación, se proyectó el documental GUILLENA 1937 (Las 17 rosas de Guillena), que tiene un gran valor para la recuperación de la Memoria Histórica por la verdad histórica que encierra: el vil asesinato de 17 mujeres, y por narrar la vistoria que para sus familiares ha supuesto la exhumación de sus restos mortales de la fosa común donde fueron echadas sin consideración alguna y haber podido enterrarlos con toda dignidad 75 años después.

    En el animado dialogo posterior, los asistentes pusieron de manifiesto la necesidad de continuar investigando y divulgando la verdad de la represión militar-fascista o franquista para hacer justicia a todas sus víctimas (asesinados, ejecutados, desaparecidos, muertos en prisión o en la guerra, encarcelados y exiliados) y que nos sirva para construir una sociedad plenamente democrática que incorpore en su cotidianidad los valores republicanos, así como completar el mapa de fosas y acometer los trámites para la exhumación de todas aquellas que sea posible.

    Por último, Juan Carlos Velasco, presidente de la Asociación Comarcal Pro Memoria Democrática Vega Media del Guadalquivir, expuso los fines y las actividades de la Asociación  previstas para 2016, que tendrán en Brenes su acto central del 14 al 16 de abril y estará dedicado a los Alcaldes y concejales republicanos.

                                                                                               22 de enero 2016

ALGUNOS DATOS DE LA REPRESIÓN MILITAR-FASCISTA O FRANQUISTA EN BURGUILLOS

  Burguillos, con unos 1.200 h. en 1936, fue conquistada militarmente por la Colunna Carranza el 26 de julio de 1936 y sufrió una brutal represión franquista, al igual que los otros siete municipios de la comarca de la Vega Media del Gualquivir y de toda la provincia sevillana: 12 vecinos fueron asesinados (ejecutados extrajudicialmente) en 1936, entre ellos: Manuel Brenes Macedo, que fue Alcalde entre el 12 de mayo y el 13 julio de 1936, y Ramón Guerra Domínguez, Primer Teniente Alcalde durante la Segunda República; 14 vecinos sufrieron prisión, de ellos Pedro Brenes Catón, Alcalde en los primeros años de la Segunda República, murió en la Colonia Penitenciaria del Dueso (Cantabria) en 1942. También estuvo en prisión el último de sus Alcaldes republicanos Antonio Pérez Mayo. Otros vecinos fueron sometidos a Expedientes de Incautación de Bienes en 1936 y Expedientes de Responsabilidades Política al terminar la guerra.

BURGUILLEROS ASESINADOS POR BANDO DE GUERRA EN 1936

Manuel Brenes Macedo

Alfredo Calvo Valentín

Antonio Escobar Rendón

Manuel González Gallego

Ramón Guerra Domínguez

Gregorio Mañero Neira

Fernando Prieto Ballesteros

José Prieto Cruz

Manuel Barrios

Zacarías Barrios

Eduardo Hidalgo Brenes

Manuel Velázquez

Nota: 
De los cuatro últimos no se tiene constancia de su asesinato, pues desaparecieron y nadie supo nada de ellos. Tampoco se conocen los nombres completos de tres de ellos.

LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE 1939, REPRESIÓN Y SAQUEO ECONÓMICO DEL PUEBLO

La Ley de Responsabilidades Políticas (RRPP), aprobada por el dictador el 9 de febrero de 1939, antes de terminar la guerra, se proponía: “Liquidar las culpas de este orden contraída por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva (…) y a entorpecer el triunfo (...) del Movimiento Nacional”, como forma de conseguir la “la reconstruc­ción espiritual y material de nuestra Patria”. La ley iba dirigida “a las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el primero de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936 habían con­tribuido a crear o gravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España, y de aque­llas otras que (…) se hubiesen opuesto o se opongan al Movimiento con actos concretos o pasivi­dad grande”.

Fue otra forma de represión, siendo todo el proceso un castigo en sí mismo, ya que se decretaba el embargo cautelar sobre los bienes del imputado, y el tribunal (especial, por supuesto)¹ exigía in­formes al alcalde, al jefe local de FET-JONS, al comandante de puesto de la G. Civil y al cura pá­rroco, para tener constancia de la cuantía de sus bienes, su conducta moral, su filiación política y hechos significativos. Todo un calvario que muchos padecieron por segunda vez, pues ya habían sido condenados por anteriores Consejos de Guerra

La mayoría de las sanciones fueron de tipo económico, compatibles con algunas de las anteriores penas de cárcel y hasta con los fusilamientos de 1936 o posteriores. La sanción económica podía comprender la pérdida total o parcial de bienes, o el pago de alguna cantidad fija. En la imposición de la sanción económica no se tenía en cuenta la situación del expedientado. Lo recaudado era para el Estado, para llenar sus arcas a costa de los perdedores, los vencidos en la guerra, de saquear al pueblo español. Si el condenado había fallecido, las cantidades las abonaron sus herederos a no ser que “hubiese prestado eminentes servicios al Movimiento Nacional, o demostrara su anterior y pública adhesión a los postulados del mismo” (art. 15 de la Ley de RRPP).

Entre 1939 y 1944, en la comarca de la Vega Media a más de 100 vecinos y vecinas de sus mu­nicipios les incoaron expedientes de RRPP, aunque pudieron ser más.²

Algunos de ellos habían sido asesinados (ejecutados extrajudicialmente, en virtud de Bando de Guerra) en los primeros meses de la sublevación militar, y, en algunos casos, también había pro­cedido a la incautación de sus bienes (IB). Son los siguientes:

José María Zapico Aragón, de La Algaba; Silveria Blanco González, Antonio Fernández Naranjo, Francisco Ferrari Pérez, Carmen y Simplicio Lafuente Tirado (IB), Antonio Merino Campos, Mi­guel Palomo Blanco, Dolores Sánchez Sánchez (IB), Diego y Manuel Sarmiento Infante (IB) y An­tonio Uceta Alonso (IB), de Cantillana; Rafael García Amador (IB) y Antonio Olivares Moratalla, de La Rinconada; Baldomero García Puyol (IB), José Carrasco Rodríguez y Manuel Naranjo Alonso (IB), de Tocina, y Miguel Rivera Chaparro (IB), Baldomero González Parrilla (IB) y José Rubio García (IB), de Villaverde del Río.

Por localidades, estos expedientes afectaron, además, a las siguientes personas:

-Alcalá del Río: Salvador Barbacho Barragán (1941), Esperanza Delgado Morales (1943), Jesús Delgado Velázquez (1942), Manuel Fernández Pichardo (1943), Dolores Fulgado Morales (1943), Lis Gómez Luis (1942), Antonio Gómez Ruiz (1943), Luis Jaramillo Amaya (1943) y Fernando Ve­lasco Ruiz (1943).³ En 1944 abren expediente a Juan Liánez Vera, siendo sobreseído ese mismo año.

-La Algaba: Pedro Clavijo Cabrera, José Antonio Díaz Carmona, Adrián Géniz Molina, Manuel Molina Tovar, Amadeo Moreno Herrera, Antonio Ortega García, Miguel Rodríguez García y Adrián Velázquez Gallardo. Todos en 1940.⁴ En 1941, Francisco Cabrera Torres y Francisco Carmona Aguilera.⁵

-Brenes: Félix Álvarez González (1940), Manuel Mateos Silva (1940), Antonio Muñoz Delgado (1940), Juan Torres Bravo (1941) y Francisco Vega Mariscal (1941).⁶

-Burguillos: Santiago Carrasco Calvo (1939), Juan Delgado Delgado (1941), Julio Díaz Baquero (1942), Joaquín Domínguez Rodríguez (1941), Cecilio Pérez Centeno (1941), que fue absuelto, y Ricardo Pérez García (1941).⁷

-Cantillana: Antonio Blanco Pino, Antonio Camacho Fernández, Antonio Castaño Castaño (con­cejal), Jesús Espinosa Fernández (había muerto en la Batalla del Ebro en 1938), Ángeles Fernández Martínez, Manuel Fernández Ramírez, Rosario García Rodríguez, Manuel y Sebastián Guerrero Fortunato, Pablo Herrera Solís, Fernando López Castillo, Manuel López Robles, Manuel Lozano Solís, Manuel Mahíndo Amezaga, Antonia Martos Guerrero, José Membrilla Sánchez, Antonio Mo­rejón Barrera, José Muñiz Domínguez, Julián Muñoz Vílchez, José Plata Pérez, Francisco Pino Blanco, Francisco Pablo Peral, Manuel Quevedo Armero, Claudio Rivero Rodríguez, Antonio Ro­dríguez Blanco, Joaquín Reina Sánchez, Manuel Suárez Campos, José Villarreal Sánchez, Rosalía Peña Pérez, Antonio y Joaquín Tirado Santana, y Francisco Vega Pablo.⁸

-La Rinconada: Aurelio Alfonso Prieto (1941), Manuel Álvarez Gutiérrez (1941), Manuel Fer­nández Gómez (1941), José Jiménez Pérez (1943), Antonio Morales Navarro (1941), Francisco Sánchez López (1943), José Valdivia Parriza (1941), Antonio Viejo Esteban (1943).⁹ Y otros dos en 1944 (AHPSE), sobreseídos: Francisco Díaz Romero y Antonio García Gómez.

-Tocina: José Aguilera García, José Capilla Heredia, Ignacio García Cantabral, Rafael Gómez Sierra, Saturnino Guarnido Jariego, Fernando Hermosa Calvet, Ramón Ji­ménez González, José María Márquez González, José Martín González, Antonio Mena Muñoz, Ma­nuel Pérez Rodríguez, José Reina García, José Rodríguez Báez, Manuel Rodríguez Barrios, Antonio Romero Chaves, Manuel Romero Martín, Manuel Sánchez Rodríguez y José Zarroso Ruiz.¹⁰

-Villaverde del Río: Juan Bonillo Morán (1941), que estaba en prisión y en 1936 le habían abier­to, además, expediente de IB.

Franco y Queipo: los grandes represores

NOTAS:

1. A partir de 1942 los expedientes de RRPP fueron tramitados por las Audiencias Provinciales y los juzgados de instrucción y de primera instancia. La última palabra la tenía el Tribunal Regional de RRPP de Sevilla, que estaba en el número 18 de la calle Amor de Dios, lo que no deja de ser una ironía.

2. ADPSE: BOP del segundo semestre de 1939 y de los años 1940, 1941, 1942 y 1943, y AHPSE, Expedientes de Responsabilidades Políticas, signaturas 4571, 4556, 4574.

3. Todos estaban el paradero desconocido, excepto Salvador Barbacho que se encontraba en la prisión sevillana. Estar en paradero desconocido podía tener varios significados: estar en el exilio (caso de Luis Jaramillo, concejal socialista en 1936, que estaba en Rusia), haber sido fusilado, haber muerto en el frente o realmente estar desaparecido, pues ni sus familias sabían lo que les había ocurrido.

4. Todos aparecen con iniciación de expedientes de RRPP en el BOP nº 95 de 18/05/1940, excepto Miguel Rodríguez que aparece en BOP nº 173 de 27/08/1940 (ADP de Sevilla). Adrián Velázquez (PSOE) fue Alcalde entre 1931 y 1932 y Pedro Clavijo (PSOE), en 1932-1934 y en 1936, y José A. Díaz (PRR/UR), concejal desde 1931 y Teniente Alcalde en 1932-1934, actuado de Alcalde accidental en más de una ocasión (AMLA, Libros 4-6: Actas capitulares). Pedro Clavijo, Amadeo Moreno y Antonio Ortega estaban, además, en prisión.

5. AHPSE, Signatura 4571, expediente 4210/41. Francisco Carmona estaba en prisión.

6. Todos en paradero desconocido, excepto Manuel Mateos, que ya en 1936 sufrió un Expediente de Incautación de Bienes, por lo que pudo ser uno de los fusilados. También tuvieron entonces expedientes de incautación: Antonio Muñoz, en 1937, y Francisco Vega, en 1936. Antonio Muñoz fue condenado a pagar 1.000 ptas.

7. A Juan Delgado le habían abierto expediente de incautación de bienes en 1937. Él o sus familiares tuvieron que pagar 400 ptas. por las RRPP. Julio Díaz estaba en paradero desconocido, pero había estado en prisión y en BT de Tarifa anteriormente, y Joaquín Domínguez, en prisión. Ricardo Pérez (AHPSE, Signatura 4556, expediente 6262/41) era el secretario del Ayuntamiento en 1936, fue detenido en Sevilla, habiendo sufrido además un expediente de incautación de bienes.

8. Estos expedientes los iniciaron en 1941, excepto los de los hermanos Guerrero Fortunato y el de Julián Muñoz, que lo hicieron en 1943 y fueron sobreseídos. Estos tres más otros diez cantillaneros, como se pueden ver en la relación de presos, estaban en prisión. A José Membrilla (desaparecido), además, le confiscaron los bienes en 1936, y Manuel Mahindo estaba (y está) desaparecido.

9. José Jiménez y Antonio Morales estaban en prisión. Antonio Viejo, vecino de Guillena, había sido condenado a 12 años, pero estaba en La Rinconada en libertad condicional, donde vivían sus hermanos.

10. A todos los tocineros les incoaron expedientes de RRPP en 1941, excepto los de José Aguilera (sobreseído), Rafael Gómez, José Rodríguez (sobreseído) y Antonio Romero que los iniciaron en 1943. Catorce estaban en prisión y tres habían padecido, además, expedientes de incautación de bienes en 1937: Manuel Romero (Alcalde en 1936), José María Márquez y Fernando Hermosa (condenado a pagar 1.500 ptas por el expediente de RRPP). 

Más información en DE LA CLANDESTINIDAD A LA LIBERTAD CONQUISTADA (2014) pp. 128-130. 

OTRAS FORMAS DE REPRESIÓN FASCISTA: Los Expedientes de Incautación de Bienes

Los Expedientes de Incautación de Bienes

Entre 1936 y 1937 a muchos vecinos y vecinas de los pueblos de la Vega Media del Guadalquivir, en su mayoría trabajadores del campo o jornaleros, los “nuevos” poderes locales, impuestos por los militares, les incautaron sus bienes, sin importarles, en muchos casos, que ya los habían asesinado (ejecutado extrajudicialmente, aplicándoles el Bando de Guerra) o estuviese desaparecidos, los cuales, en casi todos los casos, damos por víctimas mortales del franquismo al igual que los directamente asesinados o ejecutados. Como ellos ya no estaban, la incautación la padecieron sus herederos. Los Expedientes de Incautación de Bienes comenzaban con un informe de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, procediéndose a continuación su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para su completa tramitación. Fue otra forma más de represión que se une a los otros instrumentos o medios represivos ya mencionados en otras entradas: asesinatos, ejecuciones, prisión (antes y después de los Consejos de Guerra), o trabajo esclavo. No serán los únicos. Habrá más.

En Tocina, además, consta que hubo dos Expedientes de Incautación de Bienes colectivos en 1937: uno que afectó a los bienes personales de todos los vecinos huidos y enrolados en el Ejercito Popular de la República, y otro que afectó a los bienes del PCE y de la CNT, algo que ocurrió en todas las localidades y para todas las organizaciones.

Los vecinos que sufrieron este tipo de represión fueron:
 

En Brenes

Miguel López Robles (natural de Cantillana, su hermano fue asesinado), 

Manuel Mateos Silva,

Antonio Muñoz Delgado,

Francisco Vega Mariscal (desaparecido)

En Burguillos
Manuel Brenes Macedo (había sido asesinado, en adelante sólo asesinado), 
Juan Delgado Delgado,
Cecilio Perez Centeno y
Ricardo Perez Garcia 

En Cantillana
Antonio Ferrera Ríos (asesinado),
Encarnación Infante Franco (sus dos hijos fueron asesinados y también su hermano José María),
Carmen Lafuente Tirado (maestra, asesinada),
Simplicio LafuenteTirado (asesinado),
José Membrilla Sánchez,
Dolores Sánchez Sánchez (asesinada) y
Antonio Uceta Alonso (apareció ahorcado, sus hermanos había sido asesinados)

En Tocina: Antonio Agustin Merguizo, Manuel Alvera Naranjo (desaparecido), Alajandro Barbona Martin (desaparecido), Antonio Garcia Garcia (desaparecido en 1936, ejecutado en 1937), Montemayor Garcia Garrido (desaparecido), Francisco Garcia Gonzalez (desaparecido), Baldomero Garcia Puyol (maestro, asesinado), Fernando Hermosa Calvet, Ramón Llanes Rodriguez (desaparecido), José María Márquez González, Diego Morales Valle (desaparecido), Fernando Murillo Torres, Manuel Naranjo Alonso (Alcalde hasta mayo de 1936, asesinado), Francisco Ramos Guirado,  Manuel Romero Martin (último Alcalde republicano) y  Antonio Salazar López  

En Villaverde del Río: Manuel Alés Moreno,  Juan Bonillo Moran,  Antonio Campos Caballero (asesinado),  Francisco Campos Melero, Sebastián Delgado Cabezas (asesinado),  Jacinto Dominguez Hervás (murió enel campo de exterminio nazi de Gusen-Austria),  Antonio Gonzalez Morejon (asesinado),  Badomero Gonzalez Parrilla (Alcalde, asesinado),  Manuel Gonzalez Parrilla (asesinado), Ángel Lopez Garcia (asesinado),  Manuel Lopez Garcia (asesinado),  Gabriel Melero Navarrete,  Francisco Morán Alés,  José Morán Alés,  José Moya Diaz (asesinado), Franciscio Nuñez Villarreal, José María Ortega Rey Dionisio Peso Velasco (asesinado), Antonio Rangel Melero (asesinado), Miguel Rivera Chaparro (asesinado), Fernando Rodriguez Fresco (asesinado), José Rubio Garcia (asesinado) y Antonio Torres Dominguez (asesinado)
 

 Conocer sus nombres es hacer justicia con todos ellos, pues no cometieron delito alguno: creían en la democracia y la libertad, todo lo contrario que los nuevos mandatarios fascistas en todos los pueblos conquistados por los militares sublevados contra el poder constitucional y democrático de España. 

Como se habrá podido comprobar con algunos cometieron más de una injusticia. Pero no serán las únicas y algunos las irán acumulando...

(Estos son los nombres, por ahora, que aparecen en actas municipapeles y 
notificaciones de Expedientes de Incautación de Bienes localizados en el Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Es, por tanto, una lista susceptible de ser aumentada)