(Artículo
escrito el 17/10/2008, cuando la importantísima
iniciativa del juez Garzón pudo haber sido el comienzo del
reconocimiento legal (judicial) de la barbarie cometida en aquellos
terroríficos años de la Guerra Civil y la posguerra).
"Ahora
que tanto se habla de fosas y de averiguaciones sobre los
desaparecidos expongo mis reflexiones y las inmensas dificultades que
el problema tiene, a partir de mis propias investigaciones sobre un
pueblo sevillano (Cantillana), realizadas
entre
2004
y
2006,
recogidas
en
el
libro
que
escribí
entonces.
Lo
ocurrido
entre
el
18
de
julio
de
1936
y
febrero
de
1937
en
la
zona
controlada
por
los
militares
sublevados
fue
auténtico
terrorismo
militar
de
Estado,
pues
no
tenía
otro
objetivo
que
crear
terror
para
dominar
de
forma
violenta:
una
represión
sistemática
y
planificada
desde
el
poder
que
dan
las
armas
contra
un
pueblo
indefenso,
cuyo
único
pecado
era
haber
creído
el
la
libertad
y
en
la
justicia,
para
conseguir
un
pueblo
sumiso,
que
los
aplaudiese
y
los
considerase
sus
libertadores,
“las
fuerzas
que
vienen
a
pacificar
España
,
evitando
la
anarquía
que
venía
existiendo"
(Del acta de constitución de la comisión gestora municipal el 30 de
julio de 1936, Archivo Municipal de Cantillana).1
Por
esa
razón
lo
que
menos
les
importaba
era
la
legalidad,
y
si
alguna
legalidad
usaron
fueron
leyes
del
siglo
XIX
o
la
Ley
de
Jurisdiciones
de
1906,
que
les
“permitía”
intervenir
ante
todo
ataque
al
ejército
y
a
España...
Tampoco
les
importaba
cómo
se
llevaba
a
cabo
la
represión,
ni
menos
aún
dejar
datos
de
los
fusilados,
privando
a
sus
familias
de
poderlos
enterrar
dignamente,
para
aumentar
el
dolor,
que
ha
durado
más
de
setenta
años,
y
mantener
vivo
el
terror:
el
miedo
que
caló
hasta
los
huesos.
En
Cantillana,
pueblo
sevillano
donde
los
“rojos”
no
habían
matado
a
nadie,
los
primeros fusilados y los muertos habidos al ser ocupada el día 30 de
julio de 1936 por las tropas del comandante Gutiérrez Pérez, que
dependía directamente de Quiepo de Llano, están enterrados en la
fosa común que abrieron para tal cometido, y que muy pocos conocían.
Actualmente es lugar de paso entre dos partes del cementerio, por lo
que está dentro de su recinto, pero está cubierta de cemento;
entonces, era el quemadero y estaba fuera del mismo. No
obstante,
no
se
puede
saber
con
exactitud
cuántos
cantillaneros
fueron
hacinados
en
ella.
Sólo
hay
algo
seguro:
la
fosa
existe,
está
localizada
y
en
ella
yacen
algunos
cantillaneros,
los
que
mataron
al
entrar
la
tropas
rebeldes
en
Cantillana
y
los
que
ese
mismo
día
fueron
fusilados
en
el
Barranco.
Las
tropas
rebeldes
de
Gutiérrez
Pérez,
al
entrar
en
la
villa,
y
en
respuesta
a
la
leve
oposición
que
pusieron
algunos
cantillaneros,
hirieron
a
dos
vecinos:
José
Martínez
García,
de
21
años
de
edad,
que
morirá
antes
de
que
la
ambulancia
llegara
a
Los
Pajares
(a
dos
kilómetros
del
pueblo),
camino
de
Sevilla,
y
Manuel
Rodríguez
Machuca,
al
que
habían
dado
un
tiro
en
la
cara
y
que
en
la
misma
ambulancia
fue
trasladado
al
Hospital
de
Sevilla,
donde
curaron
sus
heridas,
bajo
estrecha
vigilancia.
Tenía
22
años.
Varios
metros
más
adelante
cayeron
muertos,
en
plena
calle
La
Esperanza,
Juan
González
Espinosa,
el
hijo
de
Carmen
Espinosa
(Carmela
la
Huesna),
de
12
años
de
edad,
y
Rafael
Romero
Monge,
de
20
años.
Una
bala
“perdida”
mató
a
los
dos,
según
la
versión
que
ha
llegado
hasta
nuestros
días.
Detuvieron
a muchas personas. En el cuartel de la Guardia Civil, casi por
sorteo, escogieron a un grupo de hombres que fueron ejecutados sin
más en el Barranco. En el grupo estaban: Antonio Pablo Gil, Miguel y
Santos Blanco Escobar, Tomás Macías García, Manuel y Nicolás
Uceta Alonso, que –al parecer– opusieron resistencia a las tropas
facistas en la torre de la iglesia, y Rafael “Boleco”, del que no
he podido obtener más información. Es posible que fueran más, pero
no hay información escrita, ni oral.
En
plena calle matan a otros dos cantillaneros más, a Jesús
Castillo
Guerrero
“Becerra”,
en la calle Real, y al
médico
Diego
Sarmiento
Infante,
amigo
de
Pedro
Vallina
y
sobrino
del
maestro
José
María
Infante
Franco,
medalla
de
Oro
de
la
República
y
Patriarca
de
los
Republicanos
Españoles,
fusilado
posteriormente
en
Utrera.
Murió
gritando:
¡Viva
la
República!
Todos
ellos,
excepto
Diego
Sarmiento,
pueden
estar
en
la
fosa,
pues
no
hay
constancia
de
haber
sido
enterrados
por
sus
familias
en
ningún
nicho
o
sepultura
propia.
Exceptuar
a
Diego
Infante,
como
es
conocido
en
el
pueblo,
no
significa
tener
seguridad
en
que
fuese
enterrado
en
otro
sitio.
Ninguno
tuvo
juicio,
por
lo
que
fueron
asesinatos
o
ejecuciones
extrajudiciales,
y
de
ellos,
sólo
Antonio
Pablo
Gil
y
Diego
Sarmiento
Infante
están
debidamente
inscritos
en
el
Registro
Civil
de
Cantillana,
el
primero
con
fecha
17/07/1937
y
el
segundo,
el
27/06/1940.
En
ellas
no
aparecen
las
causas
de
sus
muertes,
sino
“muerto
a
la
entrada
de
las
tropas
nacionales
en
esta
villa”.
Las
actas
o
partidas
de
defunción
de
los
fusilados
no
están
inscritas
en
el
mismo
año
en
el
que
ocurrió
el
hecho:
lo
hicieron
al
año
siguiente
o
en
la
mayoría
de
los
casos
hasta
seis
o
siete
años
después,
y
no
aparece
las
causas
de
sus
muertes,
pero
sí
expresiones,
además
de
la
anterior,
tales
como:
“en
la
lucha
nacional
contra
el
marxismo”,
“por
bando
de
guerra”,
“en
encuentro
con
nuestras
gloriosas
tropas”
o
“en
encuentro
con
la
fuerza
pública”.
Eso
es
lo
que
yo
he
encontrado
durante
la
investigación
realizada.
Posteriormente
hubo
más
fusilamientos
sin
juicios,
pero
los
llevaron
a
cabo
en
Sevilla
y
otros
pueblos
de
la
provincia,
siendo
enterrados
en
las
fosas
que
tenían
abiertas
en
su
cementerios,
sacándolos
de
madrugada
para
fusilarlos
al
amanecer.
¿Les
aplicaron
el
Bando
de
Guerra?
Es
posible,
pero
no
hay
documentos
que
lo
avale.
En
Sevilla,
por
lo
que
sus
cuerpos
estarán
en
la
fosa
del
cementerio
sevillano,
fueron
fusilados:
José
Pueyo
Solís,
Alcalde
(socialista)
de
la
localidad
durante
la
II
República,
el
5
de
agosto
de
1936;
su
hermano
Manuel
Pueyo
Solís,
el
mismo
día,
junto
a
él;
Dolores
Sánchez
Sánchez,
José
Domínguez
Rodríguez,
Francisco
Cazorla
García
y
Salvador
Carrión
Huerto,
el
mismo
día
que
los
anteriores;
Joaquín
Naranjo
Rodríguez,
el
5
de
agosto
con
toda
probabilidad,
aunque
no
hay
ningún
documento
que
lo
avale;
Manuel
Lozano
Hernández,
posiblemente
el
mismo
día;
Silveria
Blanco
González
y
su
hijo
Antonio
López
Blanco,
el
12
de
agosto;
Dolores
la
Buleca
y
Asunción
Díaz
Núñez
la
Humilde,
el
mismo
día
que
Silveria;
Manuel
Solís
Villalón,
el
día
25
de
agosto;
Manuel
Sarmiento
Infante,
el
30
de
agosto,
hermano
de
Diego;
Ignacio
Lucena
García,
el
1
de
septiembre;
Antonio
Fernández
Naranjo
Niveleta,
el
7
de
septiembre;
Antonio
Sánchez
Pino
Capachero,
junto
a
Antonio
Fernandez;
Miguel
Palomo
Blanco,
el
13
de
diciembre;
Manuel
Núñez
Blanco,
el
14
de
diciembre;
Francisco
Palomar
Camacho
Tate,
el
18
de
diciembre;
José
Lora
Esteban.
Fusilado,
el
19
de
diciembre;
Manuel
de
la
Hera
Parrilla,
Antonio
Rodríguez
Machuca,
José
Montero
Moriano,
Gonzalo
Hurtado
Manito
Tío
Tuno
y
sus
hijos,
Salvador
Hurtado
Cabrera
y
Mariano
Hurtado
Cabrera,
algún
día
entre
agosto
de
1936
y
enero
de
1937,
después
de
pasar
por
varias
cárceles
sevillanas.
También
está
en
la
fosa
del
cementerio
sevillano
Alberto
Barrera
Macías,
preso
en
el
barco-cárcel
-Cabo
Carvoeiro-,
el
cual
se
tiró
al
agua
el
día
que
iban
a
fusilarlo,
el
26
de
noviembre
de
1936.
Su
cuerpo
fue
encontrado
el
13
de
diciembre
y
enterrado
en
dicha
fosa
común.
En
la
fosa
común
del
cementerio
de
Alcalá
del
Rio
fueron
enterrados:
Carmen
Lafuente
Tirado,
maestra,
y
su
hermano
Simplicio,
concejal
republicano,
fusilados
el
16
septiembre
de
1936;
Antonio
Ferrera
Ríos,
el
14
de
noviembre;
José
Márquez
Parrado,
el
10
de
noviembre,
y
José
Díaz
Vega,
Manuel
Ramos
Rodríguez
y
Antonio
Campos
López,
de
los
que
no
se
puede
saber
aún
el
día
concreto
en
el
que
cayeron
posiblemente
junto
a
la
tapia
de
este
cementerio.
En
Brenes
fueron
fusilados:
Manuel
Barrera
Macías,
lider
cenetista
de
Cantillana,
el
27
de
agosto
de
1936;
José
Ferrera
Ríos,
fusilado
el
28
agosto
y
Miguel
López
Robles,
el
día
20
de
noviembre.
En
Las
Cabezas
de
San
Juan
fue
torturado
y
ejecutado,
pos
supuesto
sin
juicio
alguno,
Antonio
Merino
Campos,
sin
que
se
pueda
precisar
el
día
de
los
hechos.
En
La
Rinconada,
en
el
cementerio
viejo,
que
ya
no
existe,
es
posible
que
se
encuentre
Antonio
Muñoz
Rodríguez,
la
Gamba,
según
el
testimonio
de
sus
familiares.
En
Tocina
cayó
Antonio
Viso
Pelayo,
natural
de
Lora
del
Río,
el
1
de
agosto
1936.
Una
vez
que
hemos
llegado
hasta
aquí,
¿podemos
tener
certeza
de
que
sus
restos
están
ahí,
donde
he
señalado
anteriormente?
Poca
o
casi
ninguna
certeza,
más
bien
muchas
dudas,
ya
casi
insalvables,
pues
sus
familiares
nunca
pudieron
enterrarlos
dignamente.
De
todos
los
vecinos
de
Cantillana
anteriormente
citados
sólo
veinte
están
inscritos
en
el
Registro
Civil
de
la
localidad
(libros
de
defunciones);
otros
tres,
lo
están
en
el
Registro
Civil
de
Sevilla,
y
los
datos
de
Alberto
Macias
aparecen
en
un
sumario
del
Archivo
del
Tribunal
Militar
nº
2
de
Sevilla;
pero
de
todos
los
demás
no
existen
documentos
de
ningún
tipo.
Donde
están
enterrados
es
más
una
creencia
que
una
certeza,
atestiguada
únicamente
por
los
familiares,
que
han
olvidado
o
no
han
sabido
nunca
el
día
en
el
que
fueron
fusilados.
Son,
por
tanto,
treinta
y
cuatro
verdaderamente
desaparecidos.
Pero
hay
más,
para
más
horror
y
terror.
Por
último,
están
los
sin
fosa
conocida:
un
grupo
de
fusilados
(o
ejecutados
extrajudicialmente),
de
los
que
no
se
puede
aportar
ni
fecha
ni
lugar,
por
lo
que
son
igualmente
desaparecidos.
Sólo
existe
la
constancia
documental
de
sus
muertes
ocurridas
en
1936
al
estar
registrados
como
difuntos
en
el
Apendice
al
Padrón
de
Habitantes
de
dicho
año
(Archivo
Municipal
de
Cantillana).
Estos
son:
Francisco
Ferrari
Pérez.
Francisco
Merino
Campos,
Santiago
Daza
Díaz,
Francisco
Sánchez
Núñez
Burraco,
Enrique
López
Deldado,
José
Rivero
Gómez,
Gabriel
Cazalla
Osuna,
Manuel
de
J.
Núñez
Palomar
Peque,
Antonio
Figueroa
Esteban,
Francisco
Espinosa
Loma,
Antonio
Colomo
Colomo,
Manuel
Prieto
Barbero,
Diego
Orellana
Terrón
y
Leopoldo
Almería
Usieta.
Los
cuatro
últimos
eran
vecinos
de
Cantillana,
pero
nacidos
en
otras
localidades.
Además,
podemos
afirmar
que
este
terrorismo
no
fue
indiscriminado.
Sabían
muy
bien
a
quienes
fusilaban,
aunque
pueda
existir
alguna
excepción.
Fue
una
limpieza
política
de
clase,
pues
se
da
la
circunstancia
que
más
del
70%
de
los
fusilados
eran
jornaleros
(socialistas
o
anarquistas),
y
los
que
tenían
alguna
profesión,
caso
del
médico
o
la
maestra,
eran
republicanos
convencidos.
Los
demás
eran
trabajadores
de
otros
oficios,
comerciantes
o
pequeños
agricultores,
más
o
menos
vinculados
(o
simpatizantes)
con
partidos
republicanos
o
de
izquierda.
El
único
labrador
era
el
hermano
del
médico.
Su
madre
y
su
hermana
fueron,
posteriormente,
expulsadas
del
pueblo,
y
sus
bienes
confiscados.
Y
Cantillana
no
fue
una
excepción:
los
hechos
se
repiten
en
la
mayoría
de
los
pueblos
andaluces.
No
olvidemos
que
los
militares
fueron
apoyados
siempre
por
los
terratenientes
y
sus
hijos.
Ante
tal
tamaño
atropello
sólo
cabe
hacer
justicia,
recordarlos
y
sacarlos
del
olvido
para
restituir
su
dignidad
como
personas
para
que
al
fin
descansen
en
paz,
aunque
no
se
pueda
exhumar
sus
cadáveres,
ni
se
encuentren
el
lugar
donde
fueron
vilmente
asesinados".
17
de
octubre
de
2008.
Ramón
Barragán
Reina2
maestro e investigador, autor de Cantillana
II
República.
La
Esperanza
Rota
(Ed.
Muñoz Moya Editores, Brenes, 2006)
