UNA ALIANZA RENTABLE Y BENDECIDA

El traidor Queipo de Llano y los militares que protagonizaron el golpe del 18 de julio en Sevilla no estaban solos. Desde el primer momento funcionó a la perfección la alianza de los terratenientes con los militares, que –a su vez– contó con el apoyo decidido del pequeño y mediano campesinado, de toda la burguesía sevillana (financiera, industrial y comercial);, de los grupos políticos de extrema derecha (falangistas, carlistas y monárquicos alfonsinos), fascistas o filofascistas, de la mayoría de los votantes de la derecha (la CEDA, la gran perdedora de las elecciones generales de febrero), y con las bendiciones de la Iglesia Católica sevillana.

Hacienda-Cortijo Los Solares

    La alianza militar-terrateniente fue la más clara expresión de la opción tomada por la alta burguesía española en 1936 tras las elecciones: Propiciar una salida militar para eliminar el régimen democrático republicano de raíz y recuperar de nuevo la hegemo-nía en la sociedad española, que creían estaban perdiendo. 


    La oligarquía terrateniente sevillana (burguesía y nobleza agraria), como parte de la oligarquía española (las clases dominantes), jugará un importante y decisivo papel en la ocupación militar de los pueblos, la represión, la guerra y la construcción del “Nuevo Estado” desde el principio.

    Los terratenientes o latifundistas de Sevilla y, por tanto, los de la Vega Media del Guadalquivir, no hacían otra cosa que actualizar la sólida y poderosa alianza (el pacto oligárquico) que en 1876 con motivo de la Restauración borbónica establecieron con la burguesía financiera nacional. Fue el auténtico bastión de oposición a todos los intentos de cambio en la sociedad española, y de forma muy especial a la Reforma Agraria de la II República y a la Constitución republicana.

    La represión ejercida desde 1936, y por extensión, la guerra que provocaron, fue una auténtica limpieza política de clase, un genocidio, que realizaron los militares, con la participación activa de la élites urbanas y rurales, de forma panificada con el fin de eliminar a todas las personas (en su mayoría trabajadores) que pudiesen ser un obstáculo (real o imaginario) para sus planes de apropiación de todo el poder político, económico, social y cultural y ponerlo al servicio de las clases dominantes, de los terratenientes y de los banqueros, y de la trasnochada idea que tenían sobre España y los españoles y que impondrán a todos. Algunos historiadores (y llevan razón) llaman holocausto a las consecuencias de la represión militar-fascista en España desde 1936.

Franco, Queipo y el cardenal Ilundai

arrían la bandera republicana

e izan la bandera bicolor en

el Ayuntamiento de Sevilla.

Era el 15 de agosto de 1936.

    Como muestra dicha alianza y de que todo estaba bien preparado, el gobierno de la ciudad y de la provincia recayó inmediatamente en terratenientes nombrados por Queipo de Llano, los cuales –se daba esa circunstancia– eran grandes propietarios en esta comarca, en la Vega Media: Ramón de Carranza que se convirtió en alcalde de Sevilla y jefe de una columna mixta; Pedro Parias, en gobernador civil de la provincia, y Joaquín Benjumea, en presidente de la Diputación Provincial y lo que le llegó después... Todos ejercieron sus cargos en los momentos más intensos de la represión militar-fascista.

-Ramón de Carranza Gómez, capitán de corbeta retirado, gran propietario en el municipio de La Rinconada, en El Gordillo, colaboró activamente en la liquidación sangrienta de la resistencia obrera en Sevilla y se destacó, además, por su represiva forma de proceder en la conquista de los pueblos al mando de la columna de falangistas y guardias civiles, que llevaba su nombre. El propio Queipo lo consideraba “más guerrillero que marino y alcalde y un bravo que manda un grupo de bravos”. Como Alcalde redujo drásticamente el número de escuelas públicas para ahorrar gastos municipales. Franco lo premió con la Medalla Militar el 13 de octubre de 1936 ( BOE, de 19.10.1936) y lo nombró, más tarde, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla (1946-1961) y procurador en Cortes entre 1946 y 1949.

-Pedro Parias González, coronel retirado de Caballería, cacique de Castilleja del Campo y gran propietario agrícola en Alcalá del Río, fue firmante del bando de guerra de 19 de julio (dictado por Queipo de Llano). Asesoró a Queipo en el nombramiento de alcaldes y de otros colaboradores idóneos. Durante la Dictadura de Primo den Rivera había sido presidente de la Diputación de Sevilla. Falleció en 1938.

-Joaquín Benjumea Burín, propietario del cortijo El Castellón (La Rinconada) y con intereses en empresas sevillanas, participó en la Junta Técnica Provincial y en la Junta Técnica de Falange antes del cargo de presidente de la Diputación Provincial. Posteriormente, en mayo de 1938, será jefe del Servicio Nacional de Regiones Devastadas, cargo que simultaneará con el alcalde de Sevilla entre noviembre de 1938 y julio 1939; director del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional entre marzo y octubre de 1939; ministro de Franco durante doce años (de 1939 a 1951, de Agricultura, Trabajo y Hacienda), y gobernador del Banco de España desde 1951 hasta 1963, año en el que murió. 

Cortijo San José

    Él y el militar y terrateniente sevillano, Luis Alarcón de la Lastra (1891-1971), conocido por su oposición frontal a la República y elemento importante en la alianza de los militares con los latifundistas, fueron “los cerebros de la economía de guerra implantada por Queipo” y activos reorganizadores de la vida administrativa y económica del “Nuevo Estado” a partir de 1939. Luis Alarcón fue Ministro de Industria y Comercio entre 1939 y 1940.

   No se quedaron atrás otros activos terratenientes sevillanos enemigos de la República. José Huesca Rubio, propietario de tierras en Los Rosales (Tocina), defensor incansable de los intereses de los terratenientes sevillanos y vinculado al proyecto del canal de riegos de la Vega desde el principio, fue confirmado por Queipo como presidente de la Comunidad de Regantes del Canal del Valle Inferior del Guadalquivir en noviembre de 1936, de la que lo era desde 1933, siendo el delegado militar Gonzalo Briones Medina, también nombrado por Queipo de Llano. Adolfo Rodríguez Jurado de la Hera, sevillano, dirigente de la poderosa ANPFR (Asociación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas, creadora de MAPFRE), y diputado en 1933 por el Partido Agrario (PAE), sería miembro de la comisión que elaboró el “dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936” para dar “legitimidad jurídica” a la sublevación militar contra la II República, publicado en abril de 1939, y Consejero Nacional y Procurador en Cortes por designación directa del dictador Francisco Franco desde 1943 hasta 1961.

La dictadura de Franco siempre defendió los intereses de los grandes terratenientes e hizo que sus tierras fuesen más rentables... Pero eso podrá ser motivo para otra entrada en este blog.

Para más información:

DE LA CLANDESTINIDAD A LA LIBERTAD CONQUISTADA, pp. 39-32 y 89-92. 
 

GARRIDO GONZÁLEZ, L., Politización del campesinado en los siglos XIX y XX, en Historia Agraria, nº 41, abril 2007, especialmente las pp. 144-147 y la p. 148).

PRESTON, Paul, Latifundistas y militares en la represión del Sur, en: VV.AA., Dos siglos de imagen de Andalucía, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2006, pp. 25-40, especialmente las pp. 37 y 38, sobre Sevilla y su provincia.