SEGUNDA PARTE LA ACCIÓN OBRERA Y ANTIFRANQUISTA EN LOS PUEBLOS DE LA VEGA MEDIA Y EMPRESAS SEVILLANAS (4)

 

En 1969, se reprodujo el conflicto en la fábrica de aderezo de aceitunas de verdeo de Cartuja (San José de la Rinconada) cuando las trabajadoras comprobaron que no tenían derecho al cobro del seguro de desempleo, en vigor desde 1961. Las acciones se desarro­llaron fuera de las instalaciones de la empresa. Más de cien mujeres (moviéndose en pe­queños grupos), según Manuela Castillo López, que también participó activamente en la acción, fueron a las oficinas de la empresa, que se encontraban en un edificio frente al Prado de San Sebastián, en Sevilla. Lograron entrevistarse con el gerente de “Aderezos de Verdeo”, el cual les dijo que no tenían derecho, pero que podían dirigirse al Sindicato del Olivo. Marcharon al Sindicato, comprobando que el gerente ya había llamado a los mandos sindicales, pues no les echaron cuenta. Se rieron de ellas. Volvieron a las oficinas, logrando entrar, aunque el portero había recibido la orden de prohibirles la entrada. Esta vez la reunión con el gerente fue tumultuosa y a voces, no era para menos, consiguiendo que en una segunda visita al Sindicato Vertical del Olivo les atendieran, escucharan sus reivindicaciones y les pidieron una lista de las mujeres afectadas, con todos sus datos. Así lo hicieron. Tres meses después un tercio de la plantilla recibió indemnizaciones entre 10.000 y 80.000 ptas. por persona. Las demás, que eran la mayoría, no recibieron nada. Dijeron que no tenían derecho, pues estaban trabajando todo el año, lo cual no era cierto. El problema era otro: no estaban dadas de alta en la S. Social, aunque meses después sí lo consiguieron. En 1972 cerraron la fábrica.

En el otoño de 1969, coincidiendo con la recogida del algodón, se produjeron nuevas acciones obreras en Brenes, La Rinconada y Cantillana, lo cual no significa que no las hu-biese en otros municipios, pues en Villaverde del Río existía un activo núcleo del PCE, muy unido a la lucha en el campo, y contaba con enlaces sindicales en la Hermandad Lo­cal de Labradores. Previamente a estas acciones se habían realizado algunas reuniones clandestinas preparatorias. En los primeros días de agosto se reunió en Madrid la Primera Coordinadora General de las Comisiones Campesinas, en la que marcaron las directrices y reivindicaciones a plantear en el campo español. Fueron concretadas por las Comisiones Obreras del Campo de la Provincia de Sevilla en 300 ptas. diarias con jornada de 7 horas para la cogida de la aceituna de verdeo y en 5 ptas. por kilo de algodón para la primera cogida. Además, otras que incidían en la lucha contra el paro: la potenciación de los cultivos sociales y la aplicación de la ley de fincas manifiestamente mejorables.

Para desarrollar la acción, se celebraron reuniones en La Rinconada y Brenes de la Coordinadora del Campo de Sevilla. En la Vega Media la reunión preparatoria se celebró, con la asistencia de Eduardo Saborido y Fernando Soto, en la Ermita de Ntra. Sra. de Aguas Santas de Villaverde del Río. También se celebró otra reunión de jóvenes comunistas de Cantillana, Brenes y San José de la Rinconada en los pinares de la carretera Brenes-Mairena del Álcor, a la que asistió José Navarro Escudero para potenciar las acciones de aquel año en el campo.

Con estos antecedentes, en Brenes, el 10 de septiembre, los obreros agrícolas se con­centraron ante las puertas del “Sindicato”, habiendo invitado previamente el presidente de la Sección Social de la Hermandad de Labradores para presentarle las reivindicaciones acordadas. No se presentó y, además, cerraron las puertas del “Sindicato”. Fueron a bus­carlo, pero se negó nuevamente. Los obreros, entonces, se manifestaron por el pueblo en­tregando a los vecinos el llamamiento de las Comisiones Obreras Agrícolas, en el que se pedía para la recogida del algodón 5 ptas/kg. y para la aceituna de verdeo 300 ptas. dia-rias y 7 horas de trabajo. El pueblo acogió muy favorablemente la acción y las propuestas, pero la Guardia Civil detuvo a cuatro obreros, llevándolos al cuartelillo, donde lo estuvieron interrogando hasta el amanecer. Los detenidos fueron Manuel Guerra Lobo, José Canelo Ruiz, José Miguel Haro Paredes y José Rincón Rodríguez. Según Rincón, estu-vieron tres días en el cuartelillo, siendo maltratados, advertidos y amenazados por los guardias civiles, pero en el pueblo se produjeron numerosas muestras de solidaridad con los detenidos.

Días después consiguieron poder celebrar una asamblea. “Como los trabajadores con-centrados en número de 400, no cabían en en la Hermandad, el Alcalde les cedió otro lo-cal para celebrarla”, afirma La Voz del Campo Andaluz (Noviembre-Diciembre 1969). De esta forma pudieron abordar todos los problemas, así como hacerles ver a las auto-ridad la necesidad de reunirse en la Hermandad todas las semanas o lo seguirían haciendo en la plaza del pueblo, tal como venían haciendo. Con estas acciones los traba-jadores de Brenes, dirigidos por la Comisión Obrera del pueblo, consiguieron que el algo-dón se cogiese a 6 ptas/kg, “una peseta más de lo propuesto por la Comisión Provincial del Campo.”

El llamamiento de las Comisiones Obreras del Campo fue secundado igualmente en otros municipios. En Cantillana, dirigidas, según la prensa clandestina, por la Comisión de Obreros Agrícolas y Campesinos, se celebraron asambleas en el centro del pueblo, en la Plaza del Llano. A partir de ellas se fueron levantando cuadrillas, sabiendo aunar a los trabajadores del pueblo y a los que habían llegado a la recogida del algodón de otras loca­lidades sevillanas, “orientándoles e informándoles de nuestras peticiones y planteamien­tos”, alcanzándose, nos dice La Voz del Campo Andaluz, un alto grado de solidaridad y resaltando la actitud de los trabajadores procedentes de Martín de la Jara y de Bornos. Consiguieron que los agricultores pagasen el kilo de algodón recogido a 6 o 7 ptas. Las acciones realizadas no pasaron desapercibidas para los guardias civiles, que impusieron una mayor vigilancia, dificultando los movimientos de los miembros de las CC.OO. y del PCE y las posibles asambleas a realizar, y llamando a algunos jóvenes al Cuartel para ser interrogados. El temor a que se produjesen detenciones llevó a algunos a ausentarse del pue-blo. José Barragán se fue a Málaga para continuar sus estudios y la lucha contra la dicta-dura y Francisco Moreno, Paquirri, después de haber sido interrogado en el cuartel, centró su actividad en Sevilla, en CASA, la empresa en la que comenzó a trabajar. Yo también fui llamado al cuartel, donde me interrogaron y amenazaron. Menos mal que no registraron la escuela nocturna del Convento, como tenían previsto, pues en un armario había propaganda de CC.OO. A a partir de 1970, fuera ya de Cantillana, formé parte de la HOAC y de las Comisiones de la Enseñanza, como organización clandestina de CC.OO.

También, los rinconeros, empeñados en la creación y desarrollo de las Comisiones Obreras de la localidad, planificaron las acciones a realizar para conseguir que las cuadrillas de obreros parasen. No lo consiguieron del todo, pero dieron un importante paso en la organización, tal como se pudo ver en la campaña del algodón del año siguiente.

Un conflicto muy importante en San José de la Rinconada en 1969, se produjo cuando estaban construyendo los pisos de la Bda. La Paz. Duró un mes (del 23 de septiembre al 22 de octubre de dicho año). Las obras las realizaba la empresa Colomina G. Serrano y había trabajando 300 obreros. Muchos lo eran de la misma localidad y de pueblos de la comarca (La Algaba, Brenes, Villaverde del Río y Alcalá del Río). Era costumbre de la empresa completar el sueldo legal con una gratificación, por lo que los peones cobraban un mínimo de 1.064 ptas a la semana, pues la gratificación era de 50 ptas. diarias. El Con­venio de la Construcción determinó una subida salarial del 7,85% (de 102 a 110 ptas/día) que el empresario absorbió con la gratificación, por lo que no hubo subida y no repercutió en la paga semanal. Ante esa situación, los obreros el día 23 de septiembre, después de una asamblea a las ocho de la mañana, se declararon en huelga, que mantuvieron al día si­guiente, mientras los enlaces sindicales negociaban en Madrid. La empresa aceptó la su­bida y los trabajadores, en asamblea, decidieron reanudar al trabajo. Esperaron paciente­mente el cumplimiento de lo acordado, pero la empresa no lo cumplió, dejándoles, ade­más, de pagar las 17 pesetas diarias en concepto de ayuda de estudios, recogida en el con­venio. Por ello, la huelga se repitió el 14 de octubre, después de comprobar los represen­tantes sindicales, desplazados de nuevo a Madrid, la negativa de la empresa a cumplirlos.

La Guardia Civil hizo acto presencia, como era habitual, y procedió al desalojo de los trabajadores del centro de las obras, donde estaban concentrados. Estos decidieron ence­rrarse en la Iglesia San José, la única existente entonces, pero D. Francisco Sousa, párroco en aquellos momentos, había cerrado la puerta, por lo que no pudieron acceder al templo. Desde allí marcharon hacia el Convento de las Hermanas de la Doctrina Cristiana, de la calle Conde de Benjumea (ahora, Los Carteros), con la intención de encerrarse en él. Las monjas abrieron las puertas y la capilla se llenó de trabajadores. Eran unos 300. Desde el primer momento del encierro se organizó una red de solidaridad en San José, en la que participaron activamente las mujeres de los encerrados y jóvenes de las Juventudes Comunistas, canalizando las ayudas recibidas del pueblo y de la provincia, para que no les faltara nada. Las monjas tuvieron un excelente comportamiento en todo momento.

A partir del encierro (reclusión voluntaria, según la prensa) comenzaron las negociacio­nes en Sevilla, con el apoyo de Manuel Muñoz Cortina, presidente de la Sección Social del Sindicato de la Construcción, y de su vicepresidente Eugenio López Sánchez, mili­tante de CC.OO., y las entrevistas con algunas autoridades. Se reunieron con el Alcalde de La Rinconada, José Jiménez López, que les prometió una pronta solución, y fueron reci­bidos por D. Antonio Montero, obispo auxiliar, que les permitió que estuviesen en el Con­vento el tiempo que fuese necesario, les manifestó su apoyo y su intención de intercesión ante la empresa. A raíz de esta entrevista, el cura-párraco de San José les llamó para justi­ficarse y ofrecerse a hacer las gestiones que fuesen necesarias, y habló con el cardenal Bueno Monreal, el cual se comunicó con los obreros encerrados. A la vez que se produ-cían estas entrevistas y gestiones, los 150 trabajadores de Entrecanales y Tábora (sección de la fábrica de tubos) realizaron una asamblea en el comedor el día 17 y llevaron a cabo cinco minutos de silencio en solidaridad con los encerrados en el convento. Procedieron a recoger dinero para ellos.

La empresa respondió rompiendo el dialogo y procediendo al despido de toda la planti­lla propia (250 trabajadores), pues los otros 50 pertenecían a una contrata. No obstante, los trabajadores se reafirmaron en su actitud de no abandonar el encierro hasta que les pa­gasen todo lo que les debían según convenio, regularizasen sus salarios y anulasen los despidos. Era ya el 18 de octubre, llevaban ya cuatro noches durmiendo en el suelo y no se veían soluciones.

El día 19 Manuel Muñoz Cortina y cuatro enlaces sindicales de la empresa, acom-pañados de José Carballo, abogado del Sindicato Provincial, se trasladaron a Madrid con la intención de negociar directamente con los representantes de la empresa en la capital de España. Allí contaron con el apoyo de Santiago Álvarez Abellán, presidente del Sindicato Nacional de la Construcción. La negociación se produjo el lunes, día 20. Al final, la empresa aceptó las reivindicaciones obreras: readmisión de todos, dejando sin efecto las notificaciones de despido, con el compromiso de no adoptar represalias; respeto a la totalidad de los derechos adquiridos, según Convenio Colectivo; consignación en la hoja de salario de todos los conceptos para evitar “situaciones de desorientación”; abono de las 17 ptas. de ayuda al estudio desde julio, creando una comisión mixta de verificación; pago del plus de distancia, etc. El acuerdo, firmado en acta, incluyó el pago de cuatro de los ocho días de encierro, aunque en realidad fueron abonados los ocho días, pues los trabajadores se comprometieron a recuperar las horas perdidas. El día 21 los negociadores dieron cuenta a la asamblea, reunida en los locales del Sindicato Vertical de La Rinco-nada, una vez abandonado el encierro. Tras la asamblea, se produjo de forma espontánea una concentración a la puerta del Sindicato, que en este caso era de satisfacción y alegría por los acuerdos alcanzados.

Eugenio López les entregó 50.000 ptas. de los trabajadores de Entrecanales y Tábora y otras empresas. Gracias a ese dinero pudieron pagar todos los gastos y darle a las monjas 25.000 ptas. para arreglos y limpieza. También La Voz del Campo Andaluz (nº 3) se soli­darizó con ellos y les envió un saludo fraternal, pues “sabemos que entre ellos hay mu­chos obreros agrícolas, que han llevado a esa justa acción la experiencia de luchar por sus derechos.” Las acciones fueron encabezadas en todo momento por una comisión obre-ra, formada por los enlaces sindicales de la empresa, elegidos previamente: Rafael Gómez León, Juan Saavedra Sánchez (Pancho), Antonio Marín Ruiz (Antonio el Largo), Manuel Ríos Carrasco, José Guindo, Manuel Espinosa Durán y Alejandro Jareño Quiñonero. Los dos últimos eran vecinos de Brenes. En todo momento, tal como resalta un informe po-lítico provincial de 1970, actuaron de acuerdo a las decisiones tomadas en asamblea y supieron conjugar los cauces legales del Sindicato Vertical con las acciones extralegales (asambleas, huelgas, encierro), tal como proponía CC.OO., a la vez que unían juventud y veteranía en la composición de la comisión obrera.

 

AUTOR: 

Ramón Barragán Reina

LIBRO: 

ANTIFRANQUISMO Y LUCHA OBRERA EN LA VEGA MEDIA DEL GUADALQUIVIR 1960-1975 (2024), páginas 43 a 46.

 (Continuará)

 

SEGUNDA PARTE LA ACCIÓN OBRERA Y ANTIFRANQUISTA EN LOS PUEBLOS DE LA VEGA MEDIA Y EMPRESAS SEVILLANAS (3)

 En Cantillana, un grupo de jóvenes de las JJCC, con la colaboración de Paco Gumersin­da y Bernardo Muñoz, militantes mayores del PCE, organizaron una manifestación de tra­bajadores que llegó desde el Llano hasta la puerta del Alcalde. El motivo fue el rumor de que no había dinero para las obras que el Ayuntamiento tenía que realizar para paliar el paro. Paco Gumersinda era en aquellos momentos concejal del Ayuntamiento y miembro de la Sección Social del “Sindicato”, informó a los trabajadores y se dirigieron hacia la casa del Alcalde y al Ayuntamiento, que estaban en la misma calle. El Alcalde, Jesús Pé-rez Pueyo, les manifestó que no había dinero, pero al ver tanta gente, aceptó que siguieran trabajando.

El 30 de abril de 1968, en Brenes, 200 jóvenes se manifestaron desde Cuatro Caminos, que fue el punto de concentración, por varias calles del pueblo, con el objetivo de llegar hasta el Ayuntamiento y entrevistarse con el Alcalde. Los motivos fueron la falta de cen­tros educativos suficientes para todos y centros recreativos para los jóvenes. Antes de lle­gar al Ayuntamiento fueron disueltos por la Guardia Civil y los guardias municipales. que estaban haciendo en el Llano en 1968 La calle Buenavista (Capitán Briones) se llenó de obreros y algunos llegaban hasta la puerta del Ayuntamiento, según recuerdan los que participaron en esta acción.

En septiembre de 1968, en el municipio de La Rinconada y en San José, se producirán acciones y los sucesos represivos de profunda significación y repercusión en toda la comarca y la pro­vincia. La Comisión Obrera Agrícola de Rinconada, que ya tenía cierta experiencia en llevar a cabo acciones en el campo, además de presentar la plataforma reivindicativa en la Sección Social de la Hermandad y convertirla en proyecto de Convenio Colectivo, realizó una serie de asambleas para darlo a conocer a los trabajadores y preparar la negociación del Convenio. Estas asambleas tuvieron que hacerlas fuera de los locales de la Herman­dad, “el Sindicato”, pues negaban a los trabajadores el derecho a reunirse en los locales sindicales. La primera asamblea, celebrada el 6 de septiembre, la realizaron en la Vereda de los Solares, a la luz pública, tal como era la práctica de CC.OO.. Asistieron unas 300 o 400 personas (hombres, mujeres y niños, pues ellos “también trabajaban en las duras faenas agrícolas”). Acordaron “pedir 250 ptas. de salario mínimo”, puesto que en la pro-puesta del año anterior se había quedado en 150 ptas. para los eventuales (la mayoría de los obreros agrícolas) y 5 ptas. por kilo de algodón recogido. “La asamblea transcurrió en un ambiente emotivo y caluroso, de pleno éxito; se aplaudió a los que hablaban y se extendió por todas las chozas la determinación de defender el salario mínimo acordado para las las reco-lecciones de algodón y aceituna”. No obstante, aquella misma noche la Guardia Civil citó a algunos trabajadores para interrogarlos y amenazarlos, durante dos horas antes de dejar-los volver a sus casas.

El día 7, a pesar de las advertencias represoras, celebraron asambleas en la Estación de la Barriada de San José y en el centro del pueblo de La Rinconada, a las que asistieron más de 150 trabajadores, sumándose a ellos los que iban pasando cerca del lugar. En ellas, no hubo “interferencias” de los guardias civiles, y se ratificaron los acuerdos del día an-terior.

El lunes, día 9, para continuar el proceso de información a los trabajadores del munici­pio y de otros lugares, decidieron reunirse en la puerta del “Sindicato”, en La Rinconada. Cuando apenas había 25 o 30 trabajadores hicieron su aparición los guardias civiles, me-tralleta en mano, disparando al aire. Los pusieron contra la pared como si fueran delincuentes y detuvieron a cuatro trabajadores: José García Mallén (vocal de la Sección Social de la Hermandad), Juan Cortés Muñoz (Juanillo el de la Patro), José Vega Carrero (Pepillo el Feo), y Andrés Serrano Agudo, calificados de agitadores comunistas por (ABC Sevilla, 11/09/1968, pp. 43-44). Los demás se dispersaron dando cuenta de lo ocu-rrido a otros vecinos y trabajadores, mientras los detenidos eran trasladados al Cuartel de la G. Civil, a las afueras de San José.

Ante los hechos, el Comité Local del PCE decidió convocar una concentración-asam­blea a las diez de la noche en la esquina de la calle San José con calle Toledo para in­formar y marchar en manifestación hacia el cuartel con un solo objetivo: conseguir la li­bertad de los detenidos. Toda la militancia comunista, especialmente los jóvenes, se pu­sieron manos a la obra y de los tres núcleos organizativos (la Vereda, La Rinconada y San José) acudieron militantes y simpatizantes a la cita, realizándose de tal forma que ni las autoridades locales, ni las fuerzas del orden se enteraron de nada... Muchos entraron y sa­lieron del cine, que tuvo aquella noche una afluencia mucho mayor que otras, para no le­vantar sospechas y tener una coartada en caso de detenciones. Los jóvenes comunistas de La Rinconada recorrieron a pie los tres kilómetros y medio que separa a las dos localida­des del municipio para unirse a la manifestación.

Desde el lugar de la concentración, entre las once y las doce de la noche, iniciaron la marcha más de 200 personas (hombres, mujeres y niños) hacia el cuartel en manifestación pacífica y silenciosa. “En el silencio de la noche se oía el rastrear de los centenares de zapatos de personas las caras llenas de indignación”. A ellos se unió Rosario Zambrana Guerrero, mujer de José García Mallén, que volvía del Cuartel con su hija menor. Había intentado ver a su marido, pero habían sido recibidas con malos modos y tratadas de forma inco-rrecta. No había podido hacer nada.

Los manifestantes al llegar cerca del cuartel prorrumpieron gritos de “¡Libertad! ¡Li­bertad para los detenidos!” La Guardia Civil, bastante nerviosa, ante la petición de los manifestantes, se negó a dejarlos en libertad. El dialogo no era posible. Todos permane­cieron en su sitio, frente al cuartel, pero los fusiles hicieron su aparición en la oscuridad de la noche. Salieron de la Casa-Cuartel el Comandante de Puesto y tres guardia civiles con sus correspondiente armamento, y se dirigieron a los manifestantes conminándoles a disolver la manifestación y a que se fueran de allí. No se movieron. Se produjeron unos disparos intimidatorios al aire. Nadie se movió. Entonces, el sargento, que era el Coman-dante de Puesto, avanzó sobre los manifestantes, acercando excesivamente su arma a la pierna de José Anaya Ramírez, que se encontraba en primera fila, disparó y la bala atra-vesó la rodilla izquierda (dijeron que había sido una bala rebotada). Otra bala (perdida, como siempre) hirió en un brazo a Antonio Espinar Álvarez. José Anaya, tras forcejeo de los manifestantes con los guardias civiles, fue recogido, según su testimonio, por dos compañeros, Lázaro Fernández Rodríguez, sin saber que sus hermanos Rafael y Manuel habían sido detenidos, y Miguel Gómez Orellana, los cuales volvieron con él al Barrio y junto al Bar la Ferroviaria, frente a la Cañamera, lo subieron al taxi de José Ardoy Guerra, que lo llevó al Hospital de las Cinco Llagas, aunque después lo trasladaron a la Resi-dencia García Morato. Cuando recobró el conocimiento, después de ser operado, tenía dos policías de escolta. Antonio Espinar fue curado posteriormente, de forma clandestina y durante algunos días, por Antonio Rodríguez Jiménez, maestro del Grupo Escolar Mixto de San José de la Rinconada, que también ejercía de practicante, por razones humanita-rias.

Frente al Cuartel la temperatura subió unos grados: “La cólera de los trabajadores esta­lló ante la monstruosidad de los guardias. Querían lincharlos y les gritaron cientos de veces ¡Asesinos!, ¡Criminales!” Calmados los ánimos, gracias a la intervención de algunos compañeros, los manifestantes “volvieron al pueblo en medio de una gran expectación, al oír los tiros y gritos. Era la una de la madrugada.” Al pasar delante de la Cañamera (Montecarlo), sede social de los agricultores, estos cerraron las puertas y los manifestantes “la rodearon, gritándoles y tirando sillas y piedras”. No dejaron de corear una y otra vez: ¡Libertad para los dete-nidos! Se dirigieron a la casa del maestro José Pascual Domínguez, Teniente Alcalde, para exigirle que intercediera en favor de los detenidos. Mientras una comisión hablaba con él, apareció la Guardia Civil, reforzada con varios coches llegados desde Sevilla. Se oyeron tiros y la desbandada fue general. Los guardias civiles lograron detener a diez hombres, que fueron llevados a las dependencias policiales en Sevilla y posteriormente a la cárcel provincial, a La Ranilla. Los diez detenidos en la Carretera Bética y calles cercanas fueron: Carmelo Acuña Mendía, Avelino Bernal Hacha, José Chica Hernández, Miguel Espinar Álvarez, Manuel y Rafael Fernández Rodríguez (Pataleto), Antonio Rodríguez Fernández (Trigo), Juan Martín Albarrán (Juanillo Cervezas), Adrián Maya Maya y Gre-gorio Rica Castro. Se dio la circunstancia que Juanillo Martín no había estado en la mani-festación, llegaba de Alcalá del Río de ver a su novia, y no pertenecía al PCE, al igual que Manuel Fernández y Gregorio Rica.

Aquella misma noche, después de la manifestación, llegaron al cuartel policías de la BPS para interrogarles. Fueron trasladados al Cuartel de la G. Civil de la calle Oriente (la Calzada). Estuvieron en un cuarto pequeño, que sólo tenía un ventanuco y le dieron un bocadillo a las cinco de la tarde. Los fotografiaron, con su correspondiente número, como a cualquier delincuente. Estuvieron unas doce horas, siendo enviados a la Prisión Provin­cial, donde los encerraron en celdas individuales. En total, 24 días en la cárcel, y salieron sin cargos. Un día llegó el Director de la Prisión y les dijo que estaban en libertad sin más, a pesar de que habían hecho el correspondiente atestado dentro de la jurisdicción militar, porque había habido disparos. También fueron puestos en libertad sin cargos todos los demás (los que fueron detenidos tras la manifestación), excepto Manuel Fernández Ro-dríguez que estuvo un día más y fue procesado ante el temor de éste denunciara a la Guardia Civil por malos tratos: en los interrogatorios, tras ser detenido, a las esposas, que le pusieron, le aplicaron electricidad, por lo que se le ennegrecieron sus manos. Los torturadores se asustaron y llamaron a un médico. Su juicio, al que me referiré más adelante, se celebró un año después, Con él fue juzgado Florindo García Castillo, que es­tuvo en la manifestación, pero se marchó a Dos Hermanas. Cuando volvió, a los dos me­ses, fue llamado a declarar, siendo entonces procesado.

Al día siguiente, 10 de septiembre, Rosario Zambrana vuelve al Cuartel, acompañada de su hija mayor y de otras mujeres. Entre ellas, Carmen Fernández Rodríguez, mujer de José Vega, Pepillo el Feo, y hermana de Manuel y Rafael Fernández (Pataleto) también detenidos. Los guardias civiles le echan a Rosario la culpa de lo que había pasado el día anterior, acusándola de haber incitado a que otras personas se manifestaran. Ella les contestó: “Yo no llamé a nadie. No creo que lo pudiese hacer por telepatía...” Los deteni­dos ya no estaban en el Cuartel. “¿Papa no se viene? Esos hombres malos no le dejan ve­nirse con nosotras”. “Si, hija, el no puede venirse, se lo han llevado”, le contestó Rosa­rio. Los guardias se echaron a reír. También fueron al Ayuntamiento, pero no consiguieron nada. Mientras, los responsables locales del PCE, entre ellos Pedro Palomino Cava y An-tonio Iglesias Rodríguez, hacían las gestiones pertinentes, con abogados, para saber dónde estaban y preparar la defensa de los detenidos.

A la acción pacífica de los trabajadores (elaboración de plataforma reivindicativa, asambleas y manifestación, en respuesta a la interferencia de la guardia civil), siguió la reac-ción violenta y represiva de las “fuerzas del orden”. Un problema laboral es convertido en problema político y de orden público, y así es presentado por la prensa sevillana. ABC titulaba la noticia como “DETENCIÓN DE AGITADORES COMUNISTAS EN LA RINCO-NADA. Se manifestaron de forma tumultuosa y resultó, accidentalmente, un herido”, y El Correo de la Andalucía lo hacía así: “ORGANIZACIÓN COMUNISTA DESARTICULADA EN LA RINCONADA. Un grupos de 150 personas se manifestó exigiendo la libertad de los detenidos. La Guardia Civil hizo disparos al aire y un manifestante resultó levemente herido en una pierna” (ABC Sevilla, 11/09/1968, pp. 43-44; El Correo de Andalucía, 11/09/1968, pp. 10-11). Entonces, y durante mucho tiempo, la acción fue considerada como “Asalto al Cuartel de la Guar-dia Civil de La Rinconada”. Ni hubo asalto, ni tumulto, ni eran agitadores, ni la organi-zación comunista quedó desarticulada. Fue simplemente una manifestación de trabaja-dores (eso sí, organizada por el PCE) para pedir la libertad de otros trabajadores injusta-mente detenidos por reivindicar mejores condiciones de trabajo en el campo, que recibió, según Encarna Ruiz (2002), la solidaridad de trabajadores de empresas sevillanas y de la Comisión de Solidaridad del Metal de Madrid.

José Anaya estuvo quince días en el Hospital. Con fecha 14 de septiembre iniciaron su causa, la 111/68 y prestó declaración el día 17 del mismo mes en la Residencia García Morato, 2ª planta, habitación 204, y el Auto de Procesamiento es del mismo día. Fue acu­sado de resistencia a la fuerza pública (Art. 315 del Código de Justicia Militar) y decreta­ron su prisión preventiva. Ingresó en prisión sevillana, La Ranilla, el día 25 de septiem-bre, donde lo tuvieron solo, sin poder juntarse con los otros detenidos de San José. Después lo tuvieron en la enfermería, y por último, con los presos comunes. Estuvo en la cárcel hasta el 19 de noviembre, día en que comienza a “disfrutar” de la prisión atenuada (semejante en este caso a la libertad provisional) a la espera del Consejo de Guerra, que se celebró el 22 de febrero de 1969 en Sevilla. Todo el procedimiento judicial, especial-mente el informe del Fiscal y el texto definitivo de la sentencia, se basaba en el siguiente argumento: José Anaya Ramírez era uno de los más significados; estaba en primera fila y, junto a otros, se acercó demasiado a la fachada de la Casa-Cuartel, negándose a deponer su actitud, a pesar de las órdenes y advertencias del sargento de la Guardia Civil, Comandante de Puesto, D. Francisco Camacho Benítez. Para el Fiscal (escrito de 22 de noviembre), el sargento al ver que persistían en su actitud, “se vio precisado a hacer unos disparos con su metralleta dirigidos al suelo y cerca de la primera línea de los revoltosos, alcanzando el rebote de uno de aquellos al paisano José Anaya Ramírez”; pero para el Juez, según se lee en la sentencia, el Comandante de Puesto realizó “varios disparos al aire, que resultaron infructuosos, por lo que disparó a las piernas del procesado –único medio de vencer la rebeldía y la actitud hostil del procesado a acatar el mandato recibido para que disolviera la manifestación–, sufriendo éste lesiones de las que curó sin defecto ni deformidad”. Fue condenado a seis meses y un día, como autor de un “delito consumado de resistencia a obe-decer órdenes de la Fuerza Armada”. La sentencia fue firme el 8 de marzo, cuando recibió el visto bueno del Capitán General de la 2ª Región Militar. El tiempo en prisión preventiva y atenuada le fue tenido en cuanta para el cumplimiento de la pena, por lo que, efectuada la correspondiente liquidación el 22 de marzo, resultó que había cumplido la condena im-puesta con un exceso de 15 días.¹

Todo fue una enorme injusticia padecida por José Anaya: fue herido, detenido durante dos meses y once días, sufrió un proceso judicial viciado y despreciable (cuando ya no eran frecuentes los Consejos de Guerra) y fue despedido de su trabajo en la Fabrica de Ta­bacos de San José. Además, sintió que ayuda no fue suficiente. De hecho, su padre le bus-có abogado defensor. Aquellos hechos marcaron su vida durante largo tiempo.

El taxista, José Ardoy, tuvo que ir, posteriormente, al Cuartel, siendo interrogado en varias ocasiones. Fue denunciado por alguien que comunicó a la Guardia Civil que lo ha­bía visto limpiando el interior del coche. Se dio, además, la circunstancia, en fechas pos­teriores a la manifestación, que nadie preguntaba nada a nadie por temor a tener que visi­tar el Cuartel de la Guardia Civil. Muchos vecinos de San José y de La Rinconada (parti­cipantes o no) fueron llamados e interrogados por los guardias civiles, incluidos algunos de los detenidos que ya estaban en libertad. Estos interrogatorios se siguieron efectuando hasta dos meses después de los hechos.

En 29 de septiembre de 1969 el Tribunal de Orden Público (TOP), en Madrid, juzgó (Causa 728/1968) a Manuel Fernández Rodríguez, de 23 años, natural de Alanís de la Sie­rra, peón, y a Florindo García Castillo, de 24 años, natural de Santiponce, albañil. Ambos vecinos de San José de la Rinconada y acusados del delito de manifestación ilegal. La sentencia nº 237/1969 del TOP absolvió a Manuel Fernández, sin que en ningún momento aludiesen a las torturas padecidas. Su abogado defensor fue Alfonso de Cossio y Corral y Rafael Gómez León actuó de testigo.² Florindo García, que desde el principio había ad­mitido su participación en la manifestación del 9 de septiembre de 1968, fue condenado, en la misma sentencia, a tres meses de arresto mayor. Estuvo una semana de diciembre en la cárcel de La Rinconada y los primeros tres meses de 1970 en La Ranilla. Un mes después volvería a ser detenido, procesado y encarcelado, como ya ha sido expuesto.  

La organización comunista del pueblo, de La Rinconada, se resintió a raíz de los suce­sos de septiembre de 1968. Muchos jóvenes, que pertenecían a las Juventudes Comunis­tas, dejaron de asistir a las reuniones. Si dicha organización había llegado a tener unos 40 miembros, después de la manifestación era difícil reunir a diez o doce, según testimonio de Antonio Castillo Guijo y de Manuel Ávila. También en San José (el Barrio) cundió el miedo y muchos restringieron la participación al mínimo. En cambio en otros pueblos dio ánimos para seguir, para ver que, a pesar de la brutal represión franquista, la acción era posible, que había que redoblar los esfuerzos.

1. Su padre, Juan Anaya Cantero, estuvo en prisión desde diciembre de 1947 a diciembre de 1948 por haber ocultado durante un mes a su hermano Manuel, el cual fue fusilado en enero de 1949: era un guerrillero antifranquista, y como tal perteneció al maquis de la Sierra Sur sevillana y los Montes de Málaga.

2. Sus hermanos Rafael y Lázaro aseguran que murió el 7 de enero de 1987, cuando tenía 41 años, a consecuencia de las torturas cuando fue interrogado en la madrugada del 10 de septiembre de 1968. Desde aquel momento Manuel no levantó cabeza: padeció convulsiones y otros males, y tuvo sus facultades mentales mermadas, teniendo que ser atendido en el Hospital en numerosas ocasiones.

AUTOR: 

Ramón Barragán Reina

LIBRO: 

ANTIFRANQUISMO Y LUCHA OBRERA EN LA VEGA MEDIA DEL GUADALQUIVIR 1960-1975 (2024), páginas 38 a 43

 (Continuará)