EL PAÍS
Víctimas
y familiares reclaman a la Junta que cumpla con la ley de memoria
andaluza
Más de
3.000 personas se congregan en Sevilla para denunciar la parálisis
por parte del Gobierno de PP y Cs en materia de exhumaciones,
simbología, lugares de me-moria e investigación
Eva
Saiz
Sevilla 13 NOV. 2021
https://elpais.com/espana/2021-11-13/victimas-y-familiares-reclaman-a-la-junta-que-cumpla-con-la-ley-de-memoria-andaluza.html
La primera legislatura de un Gobierno no
socialista de la Junta de Andalucía arrancó, entre otras exigencias
impuestas por Vox, con la obligación de sustituir la Ley de Memoria
Histórica y Democrática de Andalucía —aprobada en 2017 con la
abstención de PP y Ciudadanos, los partidos ahora en el poder― por
una ley de la concordia. Aunque el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha
pospuesto ese compromiso alegando que es necesario aunar el consenso
mayoritario que no tuvo la anterior norma, el
desarrollo de las políticas en materia de memoria democrática en la
comunidad más castigada por la represión golpista ha sido poco
menos que testimonial en estos tres años. Más de 3.000 personas —de
acuerdo con la policía, 5000 según los organizadores― convocadas
por las asociaciones que integran la Coordinadora Andaluza por la
Memoria Histórica y Democrática y la Asamblea Andaluza
Memorialista, han protagonizado esta mañana una marcha “histórica”
para exigir el cumplimiento de la ley vigente y denunciar “la
paralización, recortes e involución” por parte de la Junta. Unas
reivindicaciones a las que ha puesto voz Baltasar Garzón con la
lectura de un
manifiesto frente al Palacio de San Telmo, sede
del Gobierno autónomo.
Los manifestantes, secundados por PSOE, Unidas
Podemos, IU, y organizaciones sindicales y sociales, han llamado la
atención sobre las exhumaciones, los lugares de memoria, la
simbología franquista y la investigación, los cuatro pilares sobre
los que se asientan los tres derechos esenciales que consigna la ley
de memoria andaluza en su artículo 3: derecho a conocer, derecho a
investigar y derecho a una reparación plena. “Ninguno de estos
principios ni derechos están siendo garantizados ni llevados a la
práctica por el Gobierno de la Junta de Andalucía”, ha leído
Garzón, quien antes de la marcha ha recordado que la Junta “no
debería osbtaculizar la ley, porque las leyes están por encima de
las ideologías del momento, lo que deberían hacer es aplicara por
respeto a las víctimas”.
La marcha se ha desarrollado en un ambiente
reivindicativo, pero también festivo. Las banderas republicanas se
intercalaban con las fotos en blanco y negro de víctimas de la
represión franquista que sus descendientes levantaban con orgullo.
Es la forma de visibilizar un pasado silenciado muchas veces por el
miedo que atenazaba el propio entorno familiar y de recordarles la
importancia de su lucha para que su memoria sea dignificada. “Han
venido autobuses de todo Andalucía, esto no había pasado antes,
tiene que servirles para reflexionar”, señalaba Pepe Barragán,
miembro de la Coordinadora Andaluza y uno de los organizadores del
acto, muy emocionado.
Los datos aportados por la Coordinadora son
contundentes: De las 49 fosas en las que se está trabajando
actualmente en Andalucía, solo una tiene financiación de la Junta,
la
de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla,
por un acuerdo comprometido por el anterior Gobierno socialista en
2017. En lo que va de legislatura no se ha iniciado ningún nuevo
expediente de lugares de memoria y 34, entre ellos el Palacio de la
Aduana, en Málaga, o la antigua Capitanía General de la Plaza de
Gavidia, en Sevilla, propiedad de la Junta, aún siguen esperando. La
paralización por el nuevo Ejecutivo de la aprobación del decreto de
Simbología ha permitido la
reversión en la nomenclatura de calles en Córdoba
a nombres de dirigentes franquistas o la inauguración de un parque
dedicado a José María Pemán, en El Puerto de Santa María (Cádiz).
En cuanto a la investigación, el Ejecutivo de PP y Cs solo ha
destinado 75.000 euros, de los 260.000 previstos en una orden de
2019, a financiar 20 proyectos de investigación o difusión, dejando
fura 46. La convocatoria lleva dos años sin resolverse, lo que
supone una paralización indirecta de las exhumaciones que se nutren
de los proyectos de investigación para iniciar los trabajos, indican
desde la Coordinadora.
Exhumaciones: “El tiempo pasa y muchos nos
estamos muriendo”
Son cifras que ilustran con elocuencia el
desarrollo de las políticas de memoria por parte de la Junta, pero
que no reconfortan a las víctimas y sus familiares quienes, gracias
al impulso de las asociaciones que han conformado, han llevado
prácticamente en solitario el peso de las reivindicaciones, luchando
en muchas ocasiones contra la falta de compromiso o la pasividad de
las administraciones del Estado. Lo sabe bien Antonio Deza,
presidente de la Asociación
Dejadnos Llorar de Córdoba, principal
promotora del acuerdo entre Gobierno, Junta, Diputación y
Ayuntamiento para,
como en el caso de Pico Reja, impulsar los
trabajos para las exhumaciones de las fosas de los cementerios de La
Salud y San Rafael, donde se ha documentado que yacen 2.203
represaliados de Córdoba y otras 34 provincias y de hasta 15
nacionalidades. Entre ellos podría estar su padre, asesinado en el
46 cuando formaba parte de la guerrilla y alguno de sus cinco
familiares que murieron en la matanza de Puente Genil del 1 de agosto
de 1936.
“Empezamos el proceso en 2017 con una petición
formal a la Junta de 48 familiares, el 11 de diciembre del año
pasado se firmó el convenio entre las cuatro administraciones, pero
todavía queda que el Gobierno andaluz y la Diputación aprueben su
parte. Es importante y complicado que estén las cuatro”, reconoce
Deza. “El tiempo pasa y cada vez somos más mayores y muchos nos
estamos muriendo”, advierte. Deza defiende la necesidad de que se
conozca la historia no como venganza, sino para evitar que se repita.
“Los que lo hicieron ya están en el infierno, pero el
desconocimiento es terrible, de eso se alimentan los fascismos”,
advierte.
Lugares de memoria: “Que visibilice lo que ha
permanecido invisible”
Bajo el suelo andaluz yacen 45.500 víctimas en
700 fosas. Hasta finales de octubre la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico, de la que depende la Memoria Democrática,
solo había ejecutado el 14% del total de los 1,38 millones del
presupuesto de 2021 destinado a esa materia —en 2020 la ejecución
no llegó al 17%―. Solo para exhumaciones, el Gobierno de España
ha transferido a Andalucía entre 2020 y 2021 más dinero (2.074.000
euros) que lo presupuestado por la Junta en toda la legislatura
(1.533.000 euros), según los datos facilitados por la Coordinadora.
La única fosa en la que participa la Junta es la
de Pico Reja, en Sevilla. Lourdes
Farratell espera con ansiedad los resultados de las muestras de ADN
que ya se han llevado a Granada para su análisis. Los restos de su
abuelo Joaquín Farratell González, miembro del Partido Radical y
fundador del periódico local Canela en Rama, podría
encontrarse allí. Ella y el resto de miembros de la plataforma
memorialista de La Gavidia, se reúnen los últimos sábados de cada
mes en la plaza de ese mismo nombre, en el centro de Sevilla, para
recordar a las decenas de militantes antifranquistas que fueron
torturados y asesinados en los calabozos de la antigua sede de la
Jefatura de Policía de Sevilla. El Ayuntamiento impulsó que la
Junta lo reconociera como lugar de memoria, pero aún no se han
desarrollado los trabajos que permitan su acceso independiente y
conservación, porque el edificio, que albergará un hotel en el
futuro, sigue en obras.
“Todo lo que visibilice lo que ha permanecido
invisible durante tanto tiempo es bienvenido, sin embargo nos
gustaría mucha más implicación por parte de las administraciones”,
reconoce Farratell. “Al final esto es un trabajo que estamos
llevando a cabo las familias casi a solas. La placa está bien, pero
lo que buscamos las familias de las víctimas es justicia y
reparación, más que una palmadita en la espalda”. En lo que va de
legislatura no se ha puesto en marcha ningún expediente para señalar
lugares de memoria y hay 34, como el de la plaza de La Gavidia, que
siguen esperando su reconocimiento oficial. El último espacio en ser
identificado fue el pasado 14 de septiembre, con una placa en el
edificio de Hytasa, donde varios disparos al aire de la policía
alcanzaron al obrero Francisco Rodríguez Ledesma, en 1977.
Símbolos: “Se trata de un revisionismo
intolerable”
Pilar Peruyera lleva desde el pasado mes de agosto
levantando su voz contra lo que ella también califica como
“absentismo y retroceso democrático de la Junta”. En plenas
vacaciones, el Ayuntamiento, gobernado por PP y Cs, y apoyados
externamente por Vox —como en el Gobierno andaluz― anunció la
creación de una plaza con el nombre de José María Pemán. “Lo
hicieron en una semana, en verano, sin posibilidad de convocar a la
gente para que pudieran manifestarse en contra”, reconoce Peruyera,
que es miembro del Foro por la Memoria de El Puerto. “Y además
esgrimiendo una foto de él saludándose con Rafael Alberti,
poniéndolo como ejemplo de la reconciliación. Se trata de un
revisionismo intolerable. Si la Junta hubiera tenido la altura de
miras de aprobar el decreto de simbología o de oponerse a la plaza
esto no hubiera podido pasar”, se lamenta.
Cuando el Gobierno de PP y Ciudadanos llegó a la
Junta estaba pendiente de aprobar el decreto de simbología que,
según los expertos, hubiera posibilitado la salida de los restos del
general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de La
Macarena. El Ejecutivo prefirió sustituirlo por una orden, bajo la
premisa de que su tramitación sería más rápida. El
nuevo texto legal se publicó el 21 de julio de 2020
—un año y medio después de la toma de posesión―y únicamente
contempla la creación de un comité técnico, cuyos nombres aún no
se han dado a conocer. “Es una pena la inacción de la Junta en
materia de memoria democrática”, se lamenta Periyera.
Investigación: “La Junta debería actuar de
oficio, pero no ha cumplido la ley”
Vicente Zaragoza, concejal responsable de Memoria
Histórica y Democrática de Castilleja del Campo (Sevilla) lleva dos
años tratando de que la Consejería de Cultura sufrague los estudios
antropológicos y genéticos necesarios para la identificación de
varios cuerpos con signos de violencia que aparecieron en el
cementerio del municipio durante unas obras en 2019. “Desde el
primer momento y siguiendo las indicaciones de la ley de Memoria de
Andalucía, que es la única que ahora mismo es de obligado
cumplimiento, nos dirigimos a la Junta para que activara la mesa
técnica de memoria para fijar los pasos que había que dar”,
recuerda Zaragoza.
La administración autónoma no respondió y fue
el propio Ayuntamiento quien costeó los gastos del estudio. “Sabemos
que hay otra fosa debajo de unos nichos por la existencia de
testimonios orales de personas que ya han fallecido, pero las catas
no dieron resultado. Tienen que estar en otra ubicación y para eso
es necesaria la investigación”, indica Zaragoza. La viceconsejera
de Cultura, Macarena O´Neill se comprometió en sede parlamentaria a
sufragar los trabajos realizados por los investigadores, pero
Zaragoza asegura que, aunque en septiembre les trasladaron el coste
de la factura, no han recibido respuesta. “Hemos optado por
solicitar una subvención a la Federación Española de Municipios y
Provincias para poder avanzar con el estudio antropológico de los
restos encontrados. Todo esto debería haberlo hecho la Junta de
oficio, como dice la ley, pero han vuelto a incumplirla”, se
lamenta el edil.
ucía arrancó, entre otras exigencias
impuestas por Vox, con la obligación de sustituir la Ley de Memoria
Histórica y Democrática de Andalucía —aprobada en 2017 con la
abstención de PP y Ciudadanos, los partidos ahora en el poder― por
una ley de la concordia. Aunque el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha
pospuesto ese compromiso alegando que es necesario aunar el consenso
mayoritario que no tuvo la anterior norma, el
desarrollo de las políticas en materia de memoria democrática en la
comunidad más castigada por la represión golpista ha sido poco
menos que testimonial en estos tres años. Más de 3.000 personas —de
acuerdo con la policía, 5000 según los organizadores― convocadas
por las asociaciones que integran la Coordinadora Andaluza por la
Memoria Histórica y Democrática y la Asamblea Andaluza
Memorialista, han protagonizado esta mañana una marcha “histórica”
para exigir el cumplimiento de la ley vigente y denunciar “la
paralización, recortes e involución” por parte de la Junta. Unas
reivindicaciones a las que ha puesto voz Baltasar Garzón con la
lectura de un
manifiesto frente al Palacio de San Telmo, sede
del Gobierno autónomo.
Los manifestantes, secundados por PSOE, Unidas
Podemos, IU, y organizaciones sindicales y sociales, han llamado la
atención sobre las exhumaciones, los lugares de memoria, la
simbología franquista y la investigación, los cuatro pilares sobre
los que se asientan los tres derechos esenciales que consigna la ley
de memoria andaluza en su artículo 3: derecho a conocer, derecho a
investigar y derecho a una reparación plena. “Ninguno de estos
principios ni derechos están siendo garantizados ni llevados a la
práctica por el Gobierno de la Junta de Andalucía”, ha leído
Garzón, quien antes de la marcha ha recordado que la Junta “no
debería osbtaculizar la ley, porque las leyes están por encima de
las ideologías del momento, lo que deberían hacer es aplicara por
respeto a las víctimas”.
La marcha se ha desarrollado en un ambiente
reivindicativo, pero también festivo. Las banderas republicanas se
intercalaban con las fotos en blanco y negro de víctimas de la
represión franquista que sus descendientes levantaban con orgullo.
Es la forma de visibilizar un pasado silenciado muchas veces por el
miedo que atenazaba el propio entorno familiar y de recordarles la
importancia de su lucha para que su memoria sea dignificada. “Han
venido autobuses de todo Andalucía, esto no había pasado antes,
tiene que servirles para reflexionar”, señalaba Pepe Barragán,
miembro de la Coordinadora Andaluza y uno de los organizadores del
acto, muy emocionado.
Los datos aportados por la Coordinadora son
contundentes: De las 49 fosas en las que se está trabajando
actualmente en Andalucía, solo una tiene financiación de la Junta,
la
de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla,
por un acuerdo comprometido por el anterior Gobierno socialista en
2017. En lo que va de legislatura no se ha iniciado ningún nuevo
expediente de lugares de memoria y 34, entre ellos el Palacio de la
Aduana, en Málaga, o la antigua Capitanía General de la Plaza de
Gavidia, en Sevilla, propiedad de la Junta, aún siguen esperando. La
paralización por el nuevo Ejecutivo de la aprobación del decreto de
Simbología ha permitido la
reversión en la nomenclatura de calles en Córdoba
a nombres de dirigentes franquistas o la inauguración de un parque
dedicado a José María Pemán, en El Puerto de Santa María (Cádiz).
En cuanto a la investigación, el Ejecutivo de PP y Cs solo ha
destinado 75.000 euros, de los 260.000 previstos en una orden de
2019, a financiar 20 proyectos de investigación o difusión, dejando
fura 46. La convocatoria lleva dos años sin resolverse, lo que
supone una paralización indirecta de las exhumaciones que se nutren
de los proyectos de investigación para iniciar los trabajos, indican
desde la Coordinadora.
Exhumaciones: “El tiempo pasa y muchos nos
estamos muriendo”
Son cifras que ilustran con elocuencia el
desarrollo de las políticas de memoria por parte de la Junta, pero
que no reconfortan a las víctimas y sus familiares quienes, gracias
al impulso de las asociaciones que han conformado, han llevado
prácticamente en solitario el peso de las reivindicaciones, luchando
en muchas ocasiones contra la falta de compromiso o la pasividad de
las administraciones del Estado. Lo sabe bien Antonio Deza,
presidente de la Asociación
Dejadnos Llorar de Córdoba, principal
promotora del acuerdo entre Gobierno, Junta, Diputación y
Ayuntamiento para,
como en el caso de Pico Reja, impulsar los
trabajos para las exhumaciones de las fosas de los cementerios de La
Salud y San Rafael, donde se ha documentado que yacen 2.203
represaliados de Córdoba y otras 34 provincias y de hasta 15
nacionalidades. Entre ellos podría estar su padre, asesinado en el
46 cuando formaba parte de la guerrilla y alguno de sus cinco
familiares que murieron en la matanza de Puente Genil del 1 de agosto
de 1936.
“Empezamos el proceso en 2017 con una petición
formal a la Junta de 48 familiares, el 11 de diciembre del año
pasado se firmó el convenio entre las cuatro administraciones, pero
todavía queda que el Gobierno andaluz y la Diputación aprueben su
parte. Es importante y complicado que estén las cuatro”, reconoce
Deza. “El tiempo pasa y cada vez somos más mayores y muchos nos
estamos muriendo”, advierte. Deza defiende la necesidad de que se
conozca la historia no como venganza, sino para evitar que se repita.
“Los que lo hicieron ya están en el infierno, pero el
desconocimiento es terrible, de eso se alimentan los fascismos”,
advierte.
Lugares de memoria: “Que visibilice lo que ha
permanecido invisible”
Bajo el suelo andaluz yacen 45.500 víctimas en
700 fosas. Hasta finales de octubre la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico, de la que depende la Memoria Democrática,
solo había ejecutado el 14% del total de los 1,38 millones del
presupuesto de 2021 destinado a esa materia —en 2020 la ejecución
no llegó al 17%―. Solo para exhumaciones, el Gobierno de España
ha transferido a Andalucía entre 2020 y 2021 más dinero (2.074.000
euros) que lo presupuestado por la Junta en toda la legislatura
(1.533.000 euros), según los datos facilitados por la Coordinadora.
La única fosa en la que participa la Junta es la
de Pico Reja, en Sevilla. Lourdes
Farratell espera con ansiedad los resultados de las muestras de ADN
que ya se han llevado a Granada para su análisis. Los restos de su
abuelo Joaquín Farratell González, miembro del Partido Radical y
fundador del periódico local Canela en Rama, podría
encontrarse allí. Ella y el resto de miembros de la plataforma
memorialista de La Gavidia, se reúnen los últimos sábados de cada
mes en la plaza de ese mismo nombre, en el centro de Sevilla, para
recordar a las decenas de militantes antifranquistas que fueron
torturados y asesinados en los calabozos de la antigua sede de la
Jefatura de Policía de Sevilla. El Ayuntamiento impulsó que la
Junta lo reconociera como lugar de memoria, pero aún no se han
desarrollado los trabajos que permitan su acceso independiente y
conservación, porque el edificio, que albergará un hotel en el
futuro, sigue en obras.
“Todo lo que visibilice lo que ha permanecido
invisible durante tanto tiempo es bienvenido, sin embargo nos
gustaría mucha más implicación por parte de las administraciones”,
reconoce Farratell. “Al final esto es un trabajo que estamos
llevando a cabo las familias casi a solas. La placa está bien, pero
lo que buscamos las familias de las víctimas es justicia y
reparación, más que una palmadita en la espalda”. En lo que va de
legislatura no se ha puesto en marcha ningún expediente para señalar
lugares de memoria y hay 34, como el de la plaza de La Gavidia, que
siguen esperando su reconocimiento oficial. El último espacio en ser
identificado fue el pasado 14 de septiembre, con una placa en el
edificio de Hytasa, donde varios disparos al aire de la policía
alcanzaron al obrero Francisco Rodríguez Ledesma, en 1977.
Símbolos: “Se trata de un revisionismo
intolerable”
Pilar Peruyera lleva desde el pasado mes de agosto
levantando su voz contra lo que ella también califica como
“absentismo y retroceso democrático de la Junta”. En plenas
vacaciones, el Ayuntamiento, gobernado por PP y Cs, y apoyados
externamente por Vox —como en el Gobierno andaluz― anunció la
creación de una plaza con el nombre de José María Pemán. “Lo
hicieron en una semana, en verano, sin posibilidad de convocar a la
gente para que pudieran manifestarse en contra”, reconoce Peruyera,
que es miembro del Foro por la Memoria de El Puerto. “Y además
esgrimiendo una foto de él saludándose con Rafael Alberti,
poniéndolo como ejemplo de la reconciliación. Se trata de un
revisionismo intolerable. Si la Junta hubiera tenido la altura de
miras de aprobar el decreto de simbología o de oponerse a la plaza
esto no hubiera podido pasar”, se lamenta.
Cuando el Gobierno de PP y Ciudadanos llegó a la
Junta estaba pendiente de aprobar el decreto de simbología que,
según los expertos, hubiera posibilitado la salida de los restos del
general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de La
Macarena. El Ejecutivo prefirió sustituirlo por una orden, bajo la
premisa de que su tramitación sería más rápida. El
nuevo texto legal se publicó el 21 de julio de 2020
—un año y medio después de la toma de posesión―y únicamente
contempla la creación de un comité técnico, cuyos nombres aún no
se han dado a conocer. “Es una pena la inacción de la Junta en
materia de memoria democrática”, se lamenta Periyera.
Investigación: “La Junta debería actuar de
oficio, pero no ha cumplido la ley”
Vicente Zaragoza, concejal responsable de Memoria
Histórica y Democrática de Castilleja del Campo (Sevilla) lleva dos
años tratando de que la Consejería de Cultura sufrague los estudios
antropológicos y genéticos necesarios para la identificación de
varios cuerpos con signos de violencia que aparecieron en el
cementerio del municipio durante unas obras en 2019. “Desde el
primer momento y siguiendo las indicaciones de la ley de Memoria de
Andalucía, que es la única que ahora mismo es de obligado
cumplimiento, nos dirigimos a la Junta para que activara la mesa
técnica de memoria para fijar los pasos que había que dar”,
recuerda Zaragoza.
La administración autónoma no respondió y fue
el propio Ayuntamiento quien costeó los gastos del estudio. “Sabemos
que hay otra fosa debajo de unos nichos por la existencia de
testimonios orales de personas que ya han fallecido, pero las catas
no dieron resultado. Tienen que estar en otra ubicación y para eso
es necesaria la investigación”, indica Zaragoza. La viceconsejera
de Cultura, Macarena O´Neill se comprometió en sede parlamentaria a
sufragar los trabajos realizados por los investigadores, pero
Zaragoza asegura que, aunque en septiembre les trasladaron el coste
de la factura, no han recibido respuesta. “Hemos optado por
solicitar una subvención a la Federación Española de Municipios y
Provincias para poder avanzar con el estudio antropológico de los
restos encontrados. Todo esto debería haberlo hecho la Junta de
oficio, como dice la ley, pero han vuelto a incumplirla”, se
lamenta el edil.
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FOTOS DE LA ASOCIACIÓN COMARCAL PRO MEMORIA DEMOCRÁTICA VEGA MEDIA DEL GUADALQUIVIR
